La madre de una beba recién nacida y dos hermanos fueron acusados de trasladar a la menor de forma ilegal desde la ciudad salteña de Orán a la localidad boliviana de Bermejo.

La mujer de 36 años, en avanzado trabajo de parto, concurrió al hospital San Vicente de Paul y dio a luz a una beba mediante una cesárea. Los médicos que la atendieron observaron situaciones extrañas vinculadas con la neonata y notificaron al equipo gerencial del nosocomio.  

Karina Segovia, profesional del centro de salud, declaró que se dirigió al domicilio de la menor para constatar la evolución, sólo se encontró con la progenitora, quien le comunicó que su primogénita todavía estaba internada.

Al notar que la nena no se hallaba en el sanatorio, las autoridades activaron una alerta.  

En este sentido, los investigadores determinaron que Patsy Godoy (la acusada) había registrado un segundo domicilio al retirarse del hospital, razón por la que se hicieron presentes en dicho inmueble, ubicado en el barrio 30 Viviendas, de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, donde reside otro de los imputados, Evaristo Caiguara Ortiz. Allí, no hallaron a nadie. 

A partir de las actuaciones llevadas adelante por la fiscalía, el 9 de agosto pasado se pudo dar con este sospechoso, quien se puso en contacto con su hermana, María Caiguara Ortiz -tercera imputada de la causa y con domicilio en la ciudad boliviana de Bermejo-, la que luego se presentó en la comisaría de Aguas Blancas e hizo entrega de la niña. La beba se hallaba en buen estado de salud.

El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, imputó a los tres implicados por el delito de “supresión de estado civil”, en grado de coautores, al tiempo que ordenó la prisión preventiva contra los hermanos Evaristo y María Caiguara Ortiz.  

Por su parte, Patsy Godoy, mamá de la niña, quedó en libertad, pero tiene prohibido acercarse a su hija y tampoco puede salir del país.

El pedido había sido presentado por la Sede Descentralizada de Orán, quien consideró que existen serios riesgos de fuga, como así también entorpecimiento procesal. Resaltó, entre otros argumentos, el hecho de que los acusados tienen facilidad para cruzar la frontera de manera ilegal.

La beba quedó bajo la tutela de la Secretaría de la Niñez de la jurisdicción y en la audiencia estuvo representada por la Defensoría Pública de Menores.