Todos saben que en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza la realidad se torna distópica. Un poco totalitaria, para hablar mal y pronto. Los precios son únicos en su tipo, tickets surrealistas y los hisopados ordenados por el Estado Nacional en el principal ingreso de turistas y residentes que regresan a nuestro país, parecen caer en esa categoría artística.

Por ejemplo, no hay posibilidad alguna que a una persona le hagan un test de coronavirus y el resultado se emita dos minutos después. Lo más rápido que se conoce un resultado es a los 15 minutos según cualquier prospecto medianamente serio. Pues bien, en Ezeiza pasaban cosas. 

Pero los test se hacían de manera exprés y se cobraban de manera vip. 2500 pesos por hisopado. Una máquina de facturar que no se detuvo  ni siquiera cuando el matutino La Nación publicó una investigación que echó  luz sobre dos monotributistas de la categoría más baja que formaron una sociedad, floja de papeles, para firmar un acuerdo con una fundación que las habilitó a prestar un servicio, hoy, investigado por la Justicia federal y cuestionado por tres legisladores nacionales.

Tras una investigación del diario La Nación, se supo que la empresa LabPax es una sociedad conformada por dos monotributistas sin ningún  tipo de antecedentes en análisis clínicos. Sus  dueñas, Paola Perillo Orellana, inscripta en la categoría A del régimen de la AFIP, declaró facturar no más de 18.000 pesos mensuales. Mientras que su socia Laura Cáceres, está un escalón más arriba y puede facturar hasta 34.700 pesos por mes.

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Esta irregularidad motivó la presentación en el Juzgado  Federal Nª 2 de Lomas de Zamora de una denuncia presentada por las diputadas nacionales Mariana Zuvic y Paula Oliveto y el legislador Juan Manuel López de Juntos por el Cambio. En el escrito piden varias medidas de prueba, entre ellas, “la nómina de personal de LabPax y Sanity Care Internación Domiciliaria”, uno de los laboratorios que estarían detrás de la polémica empresa de las monotributistas.

La trama contractual para obtener esta tercerización de servicios de parte del Estado Nacional es más compleja. Para que LabPax y Sanity Care obtuvieran el negocio debieron recurrir a una fundación, San Lázaro, cuya sede se ubica en Virrey del Pino 3511 en el barrio de Belgrano donde, además, funciona el colegio Mekhitarista de Buenos Aires.

El titular de la fundación, organización sin fines de lucro, Carlos Potikian, fue el que estampó la firma con una de las monotributistas, Laura Nadia Viviana Cáceres. Pero para que se pudiera concretar el sueño del laboratorio propio con clientela cautiva se debía conseguir el permiso de la empresa concesionaria de las terminales aeroportuarias, Aeropuertos Argentina 2000.

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Para ello, se utilizó el antecedente de un convenio firmado en enero pasado por el cual AA2000 le entregó un espacio a la Fundación San Lázaro para que montara un área que sirviera para realizar los hisopados del pasajeros que llegaban a Buenos Aires. De lo recaudado en los test se derivaba un 15% al hospital de la localidad de Ezeiza.

Este convenio, que lleva las  firmas de Patricia Eurnekian y de Potikian, devino en la contratación de LabPax con el compromiso de entregar el 29,49% del total de la facturación a la fundación educativa que a su vez derivaría el 15 % de ese monto al hospital de Ezeiza.

Según el reporte de la Dirección de Sanidad de Fronteras el pasado 30 de abril se supervisó el proceso de trabajo para la toma de muestras y se fiscalizaron las tareas administrativas que se realizan cada vez que se atiende a un viajero. También se inspeccionó el centro médico de Sanity Care y se inspeccionó el traslado de muestras, según el documento que emitieron a la  prensa.

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Aeropuertos decidió cortar por lo sano y rescindió  el contrato con las monotributistas de LabPax y firmará uno nuevo con la empresa Stamboulian Servicios de Salud, laboratorio con más trayectoria en el sector de la inoculación de vacunas.

Mientras tanto, en el gobierno nacional, se aguarda por una definición política que explique la ausencia de mayor rigurosidad para controlar el principal ingreso al país.

 ¿Son las monotributistas prestanombres de poderosos?

Para la diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI Mariana Zuvic , "hay referentes del Frente de Todos" y responsabilizó a distintas áreas del Gobierno". La legisladora se expresó de este modo en referencia a la denuncia que presentó ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). "Hay una empresa que está armada por monotributistas que tiene millones de ingresos diarios y detectamos que detrás de ellos hay referentes del Frente de Todos", afirmó Zuvic en dialogó con el programa Esta Mañana, que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia.

Además, la legisladora de JxC también afirmó que hay que investigar a funcionarios de los ministerios de Transporte, de Interior y de Salud de la Nación.

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