El juez federal Luis Armella dispuso hoy la intervención judicial de la empresa Labpax, encargada de llevar adelante los testeos para la detección de coronavirus a pasajeros que ingresan desde el exterior del país en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Según determinó el magistrado, la medida se concretará con técnicos de la Universidad Nacional de Avellaneda, que a partir de mañana van a controlar cómo se realizan esos controles en la principal estación aérea del país.

Desde el próximo 15 de mayo un nuevo laboratorio asumirá la dirección técnica del centro de testeo en Ezeiza, donde se realizan hisopados a los pasajeros que llegan desde el exterior en vuelos internacionales.

Labpax, la empresa encargada de llevar adelante esos controles hasta el momento, ya sumó varias denuncias, no solo por parte de la Justicia Federal de Lomas de Zamora sino que ahora se incluyó otra por presunto lavado de dinero y todas apuntan entre otros contra los empresarios, y la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Las denuncias fueron hechas, entre otros, por la Coalición Cívica, la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y Acción Republicana y apuntan a los dueños de la empresa Labpax, la cual fue contratada por la Fundación Educativa San Lázaro, y también contra la ministra Vizzotti y la directora Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Claudia Madies.

La más avanzada está a cargo del juez Armella, que subroga el juzgado federal de Lomas de Zamora y este miércoles ordenó operativos en la firma concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, que a través de la Fundación, contrajo el contrato con la empresa Labpax, también allanada.

Por ahora, en la investigación de Lomas de Zamora el Ministerio de Salud aparece como parte fiscalizadora de la operatividad de la empresa e incluso se han presentado en el juzgado solicitando avanzar en la investigación y aportando una auditoría que hicieron días atrás de Labpax.

El juez Armella ayer secuestró documentación, entre ellos el contrato con Labpax, y discos rígidos, y estaba previsto que en estas  horas procediera con el análisis de todo ese material para definir las imputaciones junto con la fiscal federal Cecilia Incardona.

Por su parte, la denuncia de Acción Republicana que tiene el juez Sebastián Ramos, en Comodoro Py, ahora quedó en manos del fiscal federal Federico Delgado, quien debe decidir si en base a la presentación imputa o no a Vizzotti o solo a las dueñas de Labpax, Paola Orellana y Laura Cáceres.

Las acusaciones en todas las denuncias son por la contratación de esta empresa con pocos antecedentes y creada en diciembre de 2020, cuando se reabrieron los aeropuertos en Argentina, y la forma en que realizaba los testeos para determinar si se hicieron de forma correcta o no.