Por Lucio Di Matteo.

Lázaro Antonio Báez, nacido en Corrientes pero famoso por haber sido el primer empleador privado de Santa Cruz, y el que más obra pública ganó desde que su amigo Néstor Kirchner llegó a la Presidencia, fue el blanco preferido de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri. Algunos méritos había hecho para eso, cobrando obras sin terminar (hasta sin empezar), enviando dinero sin declarar a cuentas en el exterior, y hasta eligiendo valijeros exóticos como Leonardo Fariña.

Sin embargo, que la Justicia lo investigue, y eventualmente hasta lo dictamine culpable, no es lo mismo que aplicarle prisión preventiva sin sentencia firme. Ese es el concepto que hoy rescatan en la UIF que conduce el abogado Carlos Cruz. "Con respecto a las prisiones preventivas, nuestro criterio es homogéneo, sin distinción de nombres: la pérdida de libertad sin sentencia firme sólo se justifica en casos de peligro procesal, fuga o entorpecimiento de la investigación", señaló a NA una fuente del organismo.

En ese sentido, destacó que el criterio es para Lázaro Báez o cualquier otra persona. "De la misma forma, tampoco se justifica una prisión preventiva para Gustavo Arribas o Silvia Majdalani por la causa de espionaje ilegal", ejemplificó. "En ese sentido -agregó-, nosotros seguimos esta línea procesal desde antes de pandemia y la cuarentena".

Con respecto a Lázaro Báez, a quien un fallo de cámara le otorgó prisión domiciliaria, pero con una caución alta ($ 632 millones), en la UIF destacan que es un criterio "respetuoso de los derechos humanos, en línea con la posición de los otros acusadores, como los fiscales Javier De Luca y Abel Córdoba, quienes dictaminaron en forma favorable a la concesión de libertad controlaba a Báez".

Investigar delitos económicos, pero sin "Lawfare"

El nuevo enfoque de la UIF, según trascendió, será concentrarse en los delitos económicos complejos y que más daños sociales generan, como la evasión fiscal, las maniobras a través de sociedades off shore y los manejos fraudulentos vinculados con la deuda externa. En el organismo creen que, de estos tres puntos, por lo menos los últimos dos fueron abandonados durante la gestión que encabezó Mariano Federici, que venía de trabajar en el HSBC, el banco más sancionado en el mundo por falta de controles y lavado de dinero.

"Si analizamos la gestión anterior", apuntan desde la UIF, "a partir de las declaraciones de Federici como también los informes de la entidad, surge que la vocación penal persecutoria se canalizó en dos direcciones. Por una parte, se concentró la energía en aquellos juicios relacionados con funcionarios públicos, siguiendo la doctrina de lo que se conoce a nivel internacional como “guerra judicial al enemigo” o "Lawfare". Mientras que por la otra parte se paralizaban las causas donde se investigaban delitos financieros, se desatendía al contrabando y no se sancionaba- en contra de la opinión expresa del Consejo Asesor de la UIF- a entidades bancarias como el HSBC".

La impronta de Carlos Cruz será distinta. En la UIF ya están dando los primeros pasos en ese sentido. Por ejemplo, presentándose como querellante de Vicentin, acusando a la firma de fuga de capitales y lavado de dinero. Una acusación similar a la que le realizaron bancos internacionales ante un juzgado de Nueva York.