Jueves, 17 Septiembre 2020 21:00

La UIF denunció "presunta protección de evasores" por parte de las anteriores autoridades de la AFIP

La entidad sostuvo que hay 950 cuentas en el extranjero no declaradas y que la administración de Cuccioli "habría ocultado la información"

La UIF denunció "presunta protección de evasores" por parte de las anteriores autoridades de la AFIP

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como parte querellante en la causa en la que se investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior por unos US$ 2.600 millones, pero la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, rechazó el pedido.

Sin embargo, desde el organismo van a apelar la medida debido a que consideraron que es fundamental que la Unidad investigue,

La decisión de la entidad dirigida por Carlos Cruz se basa en que esas cuentas “no habrían sido declaradas en el país” y que sus titulares habrían contado con “protección” por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la Presidencia de Mauricio Macri.

El organismo indicó que apunta a “investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito, el ocultamiento de información sensible y la evasión fiscal, todo ello con el consiguiente perjuicio para el orden económico financiero del país y el conjunto de la sociedad”.

La UIF se refirió a “una presunta protección de evasores por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la dirección de la AFIP hasta el 10 de diciembre de 2019, ya que esta Agencia habría ocultado la información relativa a esas 950 cuentas de argentinos en el exterior por un valor de 2.600 millones de dólares”.

Si bien el organismo no aclaró cuándo habría comenzado esa “presunta protección”, la AFIP tuvo dos titulares durante la gestión de Cambiemos: Alberto Abad hasta el 31 de marzo de 2018 y, desde entonces y hasta el final del mandato de Macri, Leandro Cuccioli.

En un comunicado, la UIF precisó que la información de las cuentas fue entregada en 2017 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y remarcó que esa entidad “comparte su sede en París con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, encargado de la prevención del lavado de activos.

Asimismo, se indica que la investigación judicial “se aboca a analizar las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de la información”.

En consecuencia, “se evalúa que hay incumplimientos funcionales, encubrimiento, adulteración de información” además de “posibles complicidades de funcionarios públicos con Sujetos Obligados”, añadió.

“La acción de la UIF se encamina al análisis de los hechos que habrían llevado a la prescripción de las obligaciones de pago por parte de los titulares de las cuentas involucradas en el ocultamiento”, así como “la responsabilidad de las y los funcionarios en relación a la información ocultada; la eliminación de parte de esos datos y a determinar el origen de todo ese dinero depositado en cuentas en el exterior en función de la Ley de blanqueo”, señaló.

Escrito por
Buenos Aires, NA