Cuatro detenidos y 27 imputados, entre ellos personas jurídicas y funcionarios públicos de Fuerzas Armadas y de seguridad, son el resultado de las investigaciones realizadas del lado argentino en el marco de una causa por asociación ilícita y contrabando en una amplia zona de la Patagonia a ambos lados de la cordillera, entre Chile y Argentina.

Las cuatro personas detenidas en los 49 allanamientos realizados en ocho ciudades de Argentina ya fueron indagadas por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, y el fiscal federal subrogante Julio Zárate.

En tanto, en Chile y según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se realizaron 22 allanamientos, tras los cuales se pudo imputar a 16 personas detenidas por los delitos de tráfico de drogas, contrabando, lavado de activos y tráfico de migrantes.

Ocho de los imputados quedaron en prisión preventiva mientras que el resto quedaron bajo proceso con cautelares personales de menor intensidad.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de Magallanes y Antártica de Chile, la jueza otorgó cinco meses de plazo para investigar, luego de los cuales se deberá acusar para pasar a la fase de juicio oral.

El sábado 26 de agosto el fiscal Zárate participó, como oyente, por medios remotos de la audiencia de formalización de la imputación realizada en el vecino país, donde el proceso se lleva a cabo en el marco de un sistema acusatorio, con audiencias orales y públicas.

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En tanto, los procedimientos realizados en Argentina tuvieron como objetivos estudios contables, domicilios particulares, empresas, depósitos, comercios mayoristas de cigarrillos, unidades militares y domicilios particulares de miembros de la organización ilícita internacional, entre ellos, funcionarios de fuerzas de seguridad, y también se cursaron órdenes de presentación de documentación a organismos nacionales.

La Fiscalía Federal de Río Gallegos informó al sitio Fiscales.gob.ar que los procedimientos demandaron el desplazamiento de 284 gendarmes en 44 vehículos de esa fuerza; 35 de la Prefectura Naval, que utilizó cuatro móviles; y 30 policías federales a bordo de seis unidades.

Durante los mismos se secuestraron armas, municiones, dinero en efectivo (con cifras de aproximadamente 46 millones de pesos en dinero y cheques; 55 mil dólares; y 5,7 millones de pesos chilenos, como también cantidades menores de euros, guaraníes y de pesos uruguayos), aproximadamente 140 dispositivos electrónicos, unos 60 teléfonos celulares, documentos, cigarrillos, neumáticos, 19 vehículos (entre automóviles, motos y camiones), estupefacientes y otras mercaderías ingresadas al país de contrabando.

La causa se inició en noviembre de 2021 y la investigación previa demandó tareas de inteligencia criminal por parte de miembros de fuerzas de seguridad.
Ese despliegue se llevó a cabo particularmente en días feriados, como Navidad y Año Nuevo, días festivos como el de la Madre, o partidos del Mundial de Fútbol, dado que eran las jornadas usualmente elegidas por los imputados para realizar las operaciones de tráfico.

En la causa se investiga el presunto accionar de una organización ilícita trasnacional, cuyo principal cometido estaría orientado al contrabando de mercaderías (cigarrillos, cubiertas, divisas y/o dinero), estupefacientes, y al lavado de activos de los bienes y dinero que serían obtenidos de manera ilícita.
La hipótesis criminal indica que el contrabando se realizaba principalmente a través de pasos fronterizos no habilitados, ubicados en las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio.

La organización utilizaba las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz, y Bahía Blanca como base.

Por otro lado, el contrabando se verificó en la ciudad de Puerto Natales y Punta Arenas, de Chile.

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El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización.

Los lugares utilizados se caracterizan por estar ubicados en comunas con pocos habitantes, mayormente zonas inhóspitas, de campo abierto amojonado por alambre o tranqueras sin candado, ubicadas a escasos kilómetros de la Ruta Nacional 9 de Chile.

Con las ganancias ilícitas de estas operaciones los miembros de la organización incrementaron su patrimonio a través de la compra de vehículos de alta gama, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, propiedades y negocios comerciales, como drugstores, bares, locales bailables, madereras y carnicerías, entre otros.

La causa está a cargo del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), integrado por magistrados, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio Público de Chile.