La Cámara del Crimen rechazó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa en la que se investiga el incendio de la multinacional de almacenamiento de documentación Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas en febrero de 2014.

La UIF había pedido asumir el rol de querella en el expediente porque el incendio había causado la destrucción de documentación que podía contener información sobre lavado de activos de varias empresas.

Pero cuando se le preguntó desde el Poder Judicial “cuál sería la maniobra que se habría pretendido encubrir a través del incendio supuestamente provocado en el depósito de la calle Azara, los letrados se limitaron a señalar que ‘es un largo camino a explorar, que hasta el momento no se hizo’”.

Los camaristas Marcelo Lucini, Magdalena Laíño Dondiz e Ignacio Rodríguez Varela consideraron insuficiente esa argumentación, “sin lograr así configurar una hipótesis concreta que permita un estudio serio para determinar la viabilidad de la pretensión”.

Los representantes de la UIF Claudio Castelli, Federico Bazzani y Martín Vignale insistieron en reclamar el rol de querellantes pero para la Cámara “la pretensión es absolutamente prematura”, pues se basa sobre una “mera referencia abstracta, introducida sorpresivamente después de siete años de aquel evento luctuoso”.

“La genérica alusión a que había empresas investigadas por ese organismo antes, durante y después del incendio, de ningún modo satisface aquella falencia en tanto no se mencionan someramente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habría ocurrido el delito precedente”, condición necesaria para que exista el delito de “lavado”.

El planteo de la UIF –añade el fallo- “no cuenta con indicios concretos sobre qué era lo que se pretendía ocultar o destruir”.

El depósito de Iron Mountain se incendió el 5 de febrero de 2014 y el derrumbe parcial del galpón causó la muerte de diez bomberos.

En enero pasado, el mismo tribunal que rechazó la querella de la UIF había anulado los procesamientos y sobreseimientos dictados en primera instancia y, con una fuerte crítica al derrotero de la investigación, ordenó emprolijar y acelerar el trámite del expediente.