La defensa del médico Aníbal Lotocki apeló el fallo de la Cámara de Casación que elevó su condena por presunta mala praxis a ocho años de prisión y diez de inhabilitación.

“No ha existido la creación de un riesgo típicamente relevante, por no ser objetivamente previsible el resultado”, sostuvieron los abogados Claudio Lifschitz, Christian Pérez Sasso y José Luis Mariani.  

“Para poder imputar un resultado, éste habrá de ser producto del peligro desarrollado por una conducta también imputable, es decir, desvalorada. Lo que no ocurre con Lotocki, quien actuó en un todo de acuerdo a la lex artis, colocando un producto autorizado por la ANMAT, y siguiendo las indicaciones dadas por la misma como por sus fabricantes”, añadieron.

Según el escrito, de 40 páginas, “el riesgo creado o generado por Lotocki –con su intervención -, no excedía en absoluto los límites de aquél que era permitido”.

Lotocki está actualmente detenido.

La defensa hizo hincapié en la baja probabilidad de que la sustancia inyectada en las cuatro pacientes que lo denunciaron cause problemas en la salud.

“Es inevitable recurrir a criterios probabilísticos para determinar el grado de peligro. Y de la prueba recibida a debate, surgen estudios que revelan la escasa probabilidad de efectos secundarios, basado en estudios científicos publicados y de conocimiento por parte de la ANMAT”, subrayaron los abogados.

El documento cita un estudio científico que detalla que “sobre 84.000 pacientes durante siete  años demostró un mínimo índice de complicaciones 0,08%. (…) El bajo porcentaje de estas complicaciones es comprobada por el mismo Lotocki, quien de aproximadamente 900 pacientes a quienes les practicó bioplastia  tan solo cuatro (las denunciantes) han presentado la aparición de granulomas, es decir tan solo un 0,44 %”.

“El fallo incurre en afirmaciones dogmáticas reñidas con las constancias de la causa, debido a que el marco normativo, de aplicación al caso, se encuentra suficientemente insatisfecho. Lo expuesto provoca una violación flagrante de los derechos del imputado”, resumieron los abogados.

La Cámara de Casación porteña deberá analizar primero la admisibilidad del recurso y, en caso afirmativo, enviar el expediente a la Corte Suprema.