Los cinco policías que estaban presos acusados por la muerte de Daiana Abregú ocurrida el 5 de junio pasado en la comisaría de la localidad bonaerense de Laprida fueron liberados en las últimas horas, luego del informe de un ateneo de peritos que determinó que la joven murió por una mecánica compatible con un suicidio.

Se trata de un informe criminalístico forense completo que determinó que no se encontró ADN de otras personas en las muestras analizadas del cuerpo ni en la campera con la que la joven se habría ahorcado, ante lo cual, el fiscal de Azul, José Ignacio Calonje, descartó la hipótesis del homicidio agravado, delito por el que había imputado a los cinco efectivos.

Si bien fueron liberados, debido a este resultado, los cinco policías continuarán siendo investigados y vinculados a la causa.

En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) criticó la medida, pedirá la nulidad de esa diligencia y que se realice en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional.

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"Las sospechas planteadas por la CPM y la familia de Daiana al fiscal Juan Ignacio Calonje cuando encargó a la Policía Federal un informe pericial de las autopsias realizadas sobre el cuerpo de la joven se confirmaron: el ateneo se extralimitó en sus funciones y por lo tanto está viciado de nulidad, cometió errores groseros e interpretaciones estigmatizantes de la víctima y revalorizó y tomó por ciertas las diligencias y declaraciones de la propia policía investigada", dijo la CPM en un comunicado en el que destacó: "Tampoco notificaron de la reunión del ateneo que culminó con este informe a los peritos de parte, que fueron excluidos de la diligencia. El fiscal, automáticamente y sin ningún análisis de la prueba, solicitó al juez de garantías de Olavarría Carlos Villamarín la libertad de los cinco policías, lo que se cumplió de inmediato".

La CPM y la familia de Daiana habían reclamado que el ateneo se realizara en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, por lo cual ahora pedirán la nulidad de esta diligencia y su realización en la mencionada dependencia judicial.Los peritos de parte emitieron ya un informe en disidencia absoluta con lo realizado por la Policía Federal.

"Luego de los ateneos realizados con los peritos de parte, la Policía Federal presentó un informe donde arriba a conclusiones que sustenta en interpretaciones que no se corresponden con los estudios que efectivamente le fueron ordenados", señaló la CPM.

Y agregó: "El examen médico debía analizar ambas autopsias y estudios complementarios de ADN, pericia toxicológica, anatomopatológica y pericia de ensayos de tracción. Sin embargo el informe contiene aspectos qué van más allá de los estudios analizados y apela a otros elementos de la causa que exceden el objeto de la pericia ordenada y que, peor aún, nunca fueron puestas en común con los peritos de parte en los dos ateneos celebrados. Extralimitándose en las funciones asignadas, los peritos de la Policía Federal arriban a una serie de interpretaciones sin fundamentos para introducir la hipótesis del suicidio".

La CPM sostiene que con el estudio, los peritos intentaron analizar el estado anímico de Daiana en las horas previas a su muerte y llegan a la conclusión de que tenía una “personalidad anormal (erotomanía, tendencias obsesivas, tendencia a la agresividad, etc.), más aún reforzadas por el estado de intoxicación etílica".

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"Se trata de una conclusión construida a partir de distintos elementos de la causa pero valorados bajo una carga estigmatizante que sólo busca poner la mirada sobre la víctima e interpretando elementos de la causa que, como se señaló, no eran objeto de la pericia ordenada: el fiscal nunca consignó que los peritos tomen contacto con los testimonios y declaraciones del expediente judicial", comentaron.

De esta manera, los peritos de la Policía Federal revalorizan, dice la CPM, las conclusiones del informe de Policía Científica perteneciente a la delegación Olavarría de la Policía Bonaerense, que fueron los que realizaron las primeras diligencias en la comisaría, incumpliendo con lo establecido en la Resolución N° 1390 de la Procuración General que manda apartar de la causa a la propia fuerza investigada.