La Justicia, a través de la Policía de la Ciudad, comenzó a notificar en sus domicilios a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas en CABA por violación al Código Contravencional.

En esta ocasión y según advirtió el Gobierno Porteño, los responsables deberán retirar a los jóvenes del colegio o si no se les iniciará una causa judicial donde tendrán que pagar 1,5 millón de pesos por día como compensatorio de los salarios de los docentes que no pudieron dar clases.

Desde que comenzó esta semana ya son 12 los establecimientos tomados por jóvenes del Centro de Estudiantes por la falta de diálogo con las autoridades educativas, el estado de los edificios, la calidad y cantidad de las viandas y las prácticas laborales, entre otros argumentos.

Según informaron fuentes policiales a NA "a los padres se les lleva la notificación de infracción y se los cita para un día a la fiscalia. La misma dice el nombre de la persona y la dirección que fue dada por la fiscalia y la transcripción de los artículos 29 y 30 del Código Contravencional que son los derechos del imputado/defensa". 

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"A la comisaria llega un mail de la fiscalía actuante el cual solicita de manera “urgente” se presente en los domicilios de las personas que están en el listado que figura adjunto y se los notifique del inicio de la causa por infracción al art 60 del Código Contravencional. Con esa manda judicial la policía actua de agente notificador y si cuando van no esta, regresan en otro horario ya que tienen que presentar ante la fiscalía en los 3 días hábiles desde que fueron notificados", explicaron. 

Un caso que en las últimas horas estuvo en tapa de todos los medios es del colegio Carlos Pellegrini en donde Micaela Gûera de Souza, presidenta del CECaP, cerró durante la noche las puertas del establecimiento con un candado para que no se permita el ingreso y egreso de ninguna persona. 

Ante el conocimiento de esta medida, autoridades de la institución sacaron un comunicado donde manifestaron: “Queridas Familias, les informamos que las autoridades no podemos hacernos cargo de la integridad de los estudiantes ni de las acciones que estos tomen en la escuela mientras dure la toma. Considerando la responsabilidad del deber parental de su cuidado, son las familias las garantes por la integridad de los mismos y sus actos”.

Estas tomas generaron nuevamente una grieta entre el oficialismo y la oposición ya que desde el entorno del kirchnerismo critican las medidas tomadas por Horacio Rodríguez Larreta y su gabinete, mientras que desde el otro lado sostienen que "no hay ningún motivo en democracia que justifique cerrar una escuela”.

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Hasta el momento la Ciudad hizo seis denuncias y la causa está a cargo de a fiscal María Laura Presedo, de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal. 

La Justicia también dispuso que la Policía esté presente en los colegios para que se haga un informe sobre la situación de las tomas y su desarrollo, así como también tomar declaraciones. 

El Código Contravensional en su artículo 60 indica la violación al “ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión”: quien ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.

Desde el comienzo diversos padres, a favor de las tomas, se mostraron furiosos por las medidas del Gobierno de la Ciudad y en muchos casos se van a negar a firmar la notificación. 

Las instituciones con ocupaciones actualmente son 12: el Carlos Pellegrini, la Luis Pasteur, el Mariano Moreno, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Cerámica 1, la Rodolfo Walsh, la Julio A. Roca, la Lengüitas y el Liceo 5 Pascual Guaglianone.