| Última actualización: 26 de Septiembre de 2022 - 16:36

Diputados busca avanzar con la prórroga de la ley de urbanización de barrios populares

La iniciativa amplía el alcance ley sancionada en 2018, durante el Gobierno de Cambiemos, que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Se prorroga por diez años la suspensión de los desalojos y se agregan 1.176 nuevos asentamientos al programa que busca mejorar el acceso a los servicios públicos.

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Se llevaban registrados 4.416 barrios populares, y con esta modificación se agregarían 1.176 nuevos asentamientos Se llevaban registrados 4.416 barrios populares, y con esta modificación se agregarían 1.176 nuevos asentamientos

La Cámara de Diputados buscará el miércoles emitir dictamen favorable al proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años.

Este miércoles a las 12:00 habrá un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda para analizar esta iniciativa que actualiza la ley sancionada en 2018, durante el Gobierno de Cambiemos, que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Al momento de la aprobación de la ley, se llevaban registrados 4.416 barrios populares, y con esta modificación se agregarían 1.176 nuevos asentamientos (totalizando 5592 barrios populares). 

La iniciativa, apoyada por oficialismo y oposición, apunta a fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social para todos los habitantes de los barrios populares registrados en el ReNaBaP.

Además de prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años, en resguardo del derecho a la vivienda, se propone declarar la emergencia socio ambiental de los barrios populares con el objeto de agilizar los procesos administrativos para llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y los programas de urbanización.

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El jueves pasado, el tema había sido abordado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El debate fue abierto por la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, Fernanda García Monticelli, quien ponderó la ley sancionada en el 2018 ya que "con este espaldarazo se empezó a trabajar en el Plan de Integración socio-urbana".

Según precisó la funcionaria, "actualmente hay 764 proyectos de integración activos o ejecutados, 11.542 lotes con servicios como parte de la generación de nuevo suelo urbano y 1.437 construcción de viviendas para relocalización".

"Además, hay más de 670 mil personas beneficiadas con proyectos de integración, generando 163 mil puestos de trabajo", especificó, y destacó que "hasta el año 2017 en Argentina no había datos oficiales de los barrios populares, de las villas y los asentamientos".

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Los resultados de ese rastrillaje llevado adelante de manera conjunta entre el Estado y organizaciones sociales en localidades de más de 10.000 habitantes de todo el país dieron cuenta que "el 68% no accedía a energía eléctrica formal, el 89% no accedía a una red de agua corriente, el 98% no accedía a una red de cloaca y casi nadie contaba con una red de gas natural".

La oposición destacó que fue una iniciativa que se aprobó en la gestión de Cambiemos y pide que se mantenga esta política que trasciende a los gobiernos de turno.

Escrito por
NA - Buenos Aires, Argentina