En momentos en que la capacitación docente y las evaluaciones de gestión se instalaron en la agenda educativa, a partir del lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización, saltan en las provincias este tipo de maniobras con los certificados de salud.

Ahora tocó a Neuquén la investigación de posibles constancias truchas para justificar períodos de inasistencia, como la que se dio a conocer el pasado 18 de julio, cuando la fiscalía de Delitos Económicos llevó adelante un allanamiento en el consultorio de un psicólogo de la localidad de Andacollo, investigado por emitir más de 800 certificados en el lapso de cuatro meses, presentados por docentes y trabajadores estatales de diversas reparticiones.

En tanto, tras obtener información recolectada por el Consejo Provincial de Educación (CPE), la Fiscalía de Estado detectó que hay al menos dos psicólogos que emitieron 700 certificados cada uno, mientras que un médico especialista entregó otros 600, en un corto lapso de tiempo.

En diálogo con LU5, el ministro de Salud de la provincia patagónica, Martín Regueiro, reconoció que se trata de una situación "histórica" pero que esta es la primera vez que llega a la Justicia con una denuncia.

"Necesitamos empezar a separar la paja del trigo, ver qué es lo que está mal de qué es lo que está bien. Y a partir de ahí poder tomar acciones. Pero si yo tengo este número de certificados tan alto y personas con tantos certificados... Estamos buscando las distintas maneras de ordenarlo", planteó.

Y reconoció: "Es algo histórico también. Esto se hizo un montón de veces, pero nunca llegó a Fiscalía. O sea, entendemos que de alguna manera hay que frenarlo. Estos cambios hacen crujir muchas estructuras".

ISSN involucrado

El funcionario advirtió que en el proceso de emisión de los certificados también se ve involucrado el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), de modo que serán suspendidos de la obra social "los profesionales que se declaren que tuvieron actos indebidos".

Los titulares de las carteras de Salud y Educación se reunieron con Daniel Castro, presidente del Colegio Médico Neuquén, y Omar Alvaro, secretario de Hacienda del organismo,a fin de avanzar en el análisis, tanto del procedimiento como de los requerimientos fundamentales, para validar un certificado emitido por razones de salud (fecha, logo de la institución, nombre y apellido del agente, DNI, cantidad de días de reposo y diagnóstico; datos del profesional como firma, aclaración, profesión, matrícula habilitante de la Provincia del Neuquén, etc.).

"Como se van sumando distintas denuncias a la Justicia de profesionales que emiten certificados, tenemos que informarle también a los colegios médicos para que también intervengan después desde los comités de ética de cada colegio", contó el ministro.

Añadió que trabajarán "la vinculación con Instituto (ISSN) para ver si estos profesionales están haciendo también transacciones para hacer certificados médicos que muchas veces no son los adecuados", contó.

Según explicó, la tarea implica analizar certificado por certificado, que lo tiene que hacer la Justicia, y después ordenar cómo llegan los certificados a los ministerios.

"Es ordenar la cantidad de días, ordenar los diagnósticos, pedir de acuerdo a lo que haga falta la mayor información, según el caso puntual", detalló.

No obstante, Regueiro abogó para que el trabajo junto a la universidad se vincule al aspecto formativo.

Mesa de trabajo

En ese contexto se propuso una mesa de trabajo para abordar esta temática, que incluye el diagnóstico de las problemáticas de salud que afectan a la población y al mismo tiempo una revisión sobre la ética profesional y los procedimientos de emisión de certificados por razones de salud.

Señaló que principalmente hay que "poner en valor el trabajo que se hace dentro de las aulas, o sea de los docentes que trabajan en educar y a formar a nuestros hijos".

"Muchas veces tiene un desgaste psicológico vinculado", indicó.

Detalló que la cuestión es "cómo se hace para diagnosticarlos o para poder intervenirlo si están mal hechos o no son reales".

Añadió que "por eso surgían líneas de trabajo en conjunto con audiencias, ocasión para pensar a ver cómo podemos hacer, no tanto en lo punitivo, sino qué podemos hacer para modificar la realidad", finalizó.

En AMBA

Colmo antecedente, la Dirección General de Cultura y Educación había detectado las faltas cometidas por docentes y auxiliares a través del nuevo sistema online de otorgamiento de licencias, por el cual los docentes suben el certificado médico a una plataforma web.

Una banda de estafadores que otorgaba certificados médicos fraguados a empleados del Estado bonaerense fue detenida.

Estaba integrada, entre otros, por un médico, un delegado de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que habrían causado un perjuicio de 72 millones de pesos a las arcas públicas, se informó oficialmente.

Los estafadores fueron apresados durante 11 allanamientos que realizaron en Los Polvorines y San Miguel efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, con la colaboración de la División de Enlace de Interpol.

Según se informó, la maniobra consistía en otorgar certificados médicos falsos por cuestiones psiquiátricas a distintos docentes y auxiliares de la Dirección General de Cultura y Educación provincial a cambio de dinero.

Se calcula que esta organización cobraba hasta 800 pesos por cada uno de los certificados falsos, pero como los cargos tuvieron que ser cubiertos por suplentes, el Estado sufrió una pérdida superior a los 6 millones de pesos por mes, causando un daño patrimonial total estimado de 72 millones pesos a administración pública, se indicó.

A través de una auditoria de las solicitudes, la Dirección General registró distinto tipo de irregularidades como tipografías similares en certificados firmados por distintos médicos o el cambio de "letra" de un profesional entre una licencia y otra.

Los docentes y auxiliares, en muchos casos, hoy sumariados por las autoridades, habían obtenido los certificados en la delegación del sindicato UPCN de José C. Paz que, tras una denuncia penal, la Policía bonaerense allanó la semana pasada.

Fuentes de la Ciudad dicen que todo arrancó en 2021 con una alerta emitida por la Dirección General Administración y Medicina del Trabajo, que señalaba la existencia de adulteración de certificados médicos. 

A partir de eso, iniciaron una investigación sobre 260 docentes y no docentes del sistema que estaban implicados.

La pesquisa terminó el año pasado con la apertura de un sumario administrativo y el cese de tareas para estos trabajadores de la educación.

Quince de ellos ya fueron echados. Los docentes cesanteados, afirman, no podrán volver a trabajar en el sistema educativo porteño, que tiene unos 50.000 profesionales en total.