Los legisladores porteños del Frente de Todos Victoria Montenegro y Leandro Santoro denunciaron hoy a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a funcionarios políticos del gobierno porteño por el presunto delito de “asociación ilícita” sobre la base de un artículo periodístico del diario Clarín.

Se trata de una nota en la que el periodista Nahuel Gallota describió un mecanismo delictivo según el cual efectivos de la Policía de la Ciudad, especialmente los que integran las “brigadas” como la que mató al futbolista juvenil Lucas González, recaudan dinero ilegal de comercios, prostitutas, narcotraficantes, vendedores ambulantes y manteros, entre otros.

La denuncia, patrocinada por el abogado Miguel Ángel Pierri, fue presentada “a la luz de los hechos descriptos en la nota del diario Clarín y que surgen como graves acciones delictivas en el seno de la fuerza de seguridad, y donde podrían estar involucrados no sólo funcionarios policiales sino también funcionarios públicos jerárquicamente superiores a los mismos”.

La presentación recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos, quien deberá evaluar si es competente para intervenir, puesto que se trata de hechos atribuidos a la fuerza de seguridad porteña, por lo que no compromete en principio a funcionarios federales.

“Entendemos necesario e imperioso investigar los posibles delitos que consideramos prima facie estarían siendo cometidos aún en la actualidad. Y que ponen en peligro a toda la ciudadanía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostiene el texto.

La figura que engloba a todos los delitos es la de “una asociación ilícita destinada a cometer delitos de extrema gravedad y que atentan no sólo contra la ciudadanía sino contra la administración pública y contra el orden público”.

La denuncia describe que en el contexto de esa asociación ilícita aparecen los delitos de “extorsión, cohecho, tráfico de influencias, dádivas, exacciones ilegales, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Montenegro y Santoro presentaron la denuncia en su calidad de “funcionarios públicos” anoticiados por el diario de la presunta comisión de delitos, según explicaron.