El fiscal federal Marcelo García Berro pidió la pena de prisión perpetua para cuatro acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en los denominados “vuelos de la muerte”, en los que fueron arrojados al mar cuatro detenidos ilegales que aún estaban con vida.

El fiscal pidió la condena máxima que contempla el Código Penal para el ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros; el ex comandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el ex oficial de operaciones Eduardo María Lance.

A los cuatro les imputó la responsabilidad por el secuestro, aplicación de torturas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “El Campito” y la muerte de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace.

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El fiscal pidió que a los imputados, todos ex integrantes del Batallón de Aviación 601,  se les revoquen las prisiones domiciliarias y sean alojados en cárceles comunes, dependientes del Servicio Penitenciario Federal.

La fiscalía ante el Tribunal Oral Federal número dos de San Martín tuvo por probado que entre 1976 y 1977 se realizaron “vuelos de la muerte” que partieron desde Campo de Mayo con presos políticos vivos, que fueron arrojados al mar o al Río de la Plata.

Todos fueron acusados por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos en forma reiterada, homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”.

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Para la fiscalía, todos “tuvieron condominio en los hechos, que puede advertirse en la división de trabajo, esto es, la distribución de los aportes necesarios para la consumación en función del plan trazado”.

“El aporte de cada uno de los acusados resulta imprescindible para que la cadena de delitos pudiera cometerse”, añadió.

El fiscal también pidió que el Tribunal le pida al diario Clarín la rectificación de una información errónea publicada en 1977 sobre las víctimas y las circunstancias que rodearon a los episodios que padecieron, “como un acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de memoria”