El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, le recomendó a la Corte Suprema que apruebe la extradición de una panameña acusada de lavar dinero proveniente de sobornos de la multinacional Odebrecht para los hijos del ex presidente de ese país Ricardo Martinelli Berrocal.

Se trata de Liz Helena De Sousa, detenida en la Argentina con fines de extradición y acusada de “haber gestionado las cuentas de las distintas compañías instrumentales de esa firma constructora”. A través de esas cuentas “se transfirieron los fondos a las cuentas de las empresas en las que figuran como beneficiarios finales Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal, por sumas que rondarían los seis millones de dólares”.

La fiscalía panameña le reprocha “haber participado presuntamente en el lavado de dinero proveniente de la adjudicación fraudulenta de contratos públicos en Panamá a la empresa internacional de origen brasilero, Odebrecht S.A., mediante una sofisticada ingeniería utilizada para el pago de sobornos a los hijos del entonces presidente”.

La legislación panameña califica a esas conductas como “delito contra el orden económico (blanqueo de capitales)”, que prevé una pena de cinco a 12 años de prisión;  en la Argentina, la condena va de tres a diez años.   “Al estimar acreditados los requisitos previstos en el convenio multilateral para la procedencia de la entrega, mantengo el recurso ordinario de apelación interpuesto y solicito que revoque la sentencia apelada y conceda la extradición”, propuso Casal.

La extradición de De Sousa fue rechazada en primera instancia por el juzgado federal número uno de Lomas de Zamora por defectos formales y conceptuales de requerimiento panameño. Pero Casal replicó que “fácilmente perceptible es encontrar esa manifestación de voluntad en lo dispuesto por el magistrado a cargo del Juzgado Décimo Segundo del Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá”, subrayó el procurador interino.

Además, destacó que la causa no está prescripta, ni en Panamá, ni en la Argentina. “La acción penal prescribiría para Panamá recién en agosto de 2024… En lo que se refiere a la faz nacional, la prescripción operaría transcurridos diez años, esto es, recién en agosto de 2022”, resumió.