El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó quedarse con una investigación por presuntas maniobras ilegales de la AFI durante el gobierno de Cambiemos destinadas a involucrar en el delito de “lavado de dinero” a un empresario que planeaba una inversión para aliviar el tránsito en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

Martínez de Giorgi receptó la “declinatoria de competencia” de su colega María Servini, en una causa en la que había sido allanado en 2017 el célebre “Café de los Angelitos” y resultaron imputados el ex futbolista y actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors Mauricio “Chicho” Serna; la viuda del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria, María Isabel Santos, y el hijo de ambos, Sebastián Marroquín.

Otro de los involucrados, el abogado Mateo Corvo Dolcet –quien estuvo preso en este expediente- denunció que la causa se había edificado sobre informes apócrifos de la central de inteligencia y pidió la nulidad de todo lo actuado.

Ese expediente tramitó desde el inicio en el juzgado de Martínez de Giorgi, hasta que la semana pasada la jueza Servini resolvió que ambas causas debían concentrarse en un único juzgado, atento a que una conduce indefectiblemente a la otra.

Martínez de Giorgi coincidió con ese criterio: “Teniendo en cuenta lo expuesto, en atención a los argumentos brindados por la Jueza declinante, que se comparten, acéptese la competencia atribuida en virtud de la conexidad”.

Martínez de Giorgi adoptó esa medida “en la inteligencia de que los hechos denunciados por Corvo Dolcet se insertan en la matriz investigativa más amplia que se ventila en el expediente mencionado”.

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“No puede soslayarse la identidad parcial de sujetos que coexisten en los distintos procesos sumado a la comunidad probatoria existente, todo lo cual deriva en la conveniencia de concentrar el trámite ante un único magistrado, para favorecer la buena administración de justicia y evitar la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias”, sostuvo Martínez de Giorgi.

Pese a que será un mismo juez, los expedientes seguirán tramitando por separado y la decisión será comunicada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número  2”.

Ese tribunal oral era el asignado para realizar el juicio por el “lavado”, pero en la instancia previa a convocar a debate anuló la requisitoria de elevación porque entendió que se habían violado las garantías constitucionales de defensa en juicio de los acusados.

Según la denuncia de Corvo Dolcet, los datos sobre los cuales se basó la causa fueron creados por el falso abogado Marcelo D’Alessio, a partir de una “precausa” –un mecanismo frecuente de investigaciones pre judiciales- que impulsó la AFI.

En 2020, la conducción de la AFI durante el actual gobierno,  ante un pedido de información de la Justicia sobre cómo se había iniciado la investigación, respondió: “no obran antecedentes ni informes de la Agencia que den cuenta que en algún momento se realizaron diligencias o averiguaciones en tal sentido”.

Esa referencia apuntaba a “constatar la existencia de una organización narco criminal dedicada al tráfico ilícito y/o contrabando de sustancias estupefacientes con asiento en Colombia, que llevaría adelante actividades vinculadas al lavado de activos en la Argentina”.

La AFI no encontró antecedentes que justificaran el inicio de la causa por lavado, “como podría ser alguna comunicación con las autoridades judiciales colombianas que dieran cuenta al menos de algún grado de comprobación del ilícito precedente, sin el cual no se configuraría la figura del lavado”.

Corvo Dolcet encabezaba un grupo de inversores que planeaba la construcción de una estación de trenes con trasbordo en Pilar, lo que permitiría que los usuarios de la Panamericana tuvieran una vía alternativa, económica y cómoda para llegar cada día a la Capital Federal.