María Eugenia Talerico es directiva de la ONG Será Justicia y durante el gobierno de Cambiemos se desempeñó como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de una de las oficinas del Estado más relevantes a la hora de combatir el crimen organizado. La UIF es el organismo estatal encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves. Los delitos van desde el narcotráfico, a la trata de personas pasando por la corrupción y la evasión fiscal.

Esa es su prioridad y acaba de presentar un libro, “Destrucción Institucional”, donde se describen las acciones que conforman un plan de desmantelamiento institucional con fines de impunidad. Talerico sostiene en diálogo con NA que “el trabajo detalla toda la embestida estatal que se desarrolla en estos  momentos para evitar que se celebren los juicios orales y se dicte sentencia sobre los casos de corrupción que involucran a los dirigentes kirchneristas”.

No desatiende los temas de campaña y la polémica por la posibilidad que Ricardo López Murphy se quede afuera del Congreso por la adhesión de Juntos por el Cambio a la ley de paridad de género (27.412), por la cual, aún sacando los votos suficientes para alcanzar el piso mínimo del 15% fijado por la alianza para la integración de las listas a través del sistema D’Hondt, el economista podría verse relegado de los puestos con más expectativa para ingresar a la Cámara de Diputados en la elección de noviembre.

La experta en lavado de activos asegura que “la gente lo va a votar a Ricardo y es él quien tiene que llegar al Congreso, además estamos esperanzados con hacer una gran elección, por arriba del 30% en la interna del domingo, y si eso sucede,  ya no se discute la cuestión del cupo. Y, sino ocurre, entiendo que se va a arreglar igual para preservar el espíritu del acuerdo”.

-Su libro parece estar relacionado fundamentalmente con el accionar de la Justicia y de aquella parte de la Justicia que involucra los casos de corrupción durante la década kirchnerista. ¿ Cuál es la hipótesis de trabajo presentada en la publicación?

-El origen del libro es el análisis del estudio de los casos  de corrupción que estudiamos en la ONG, Será Justicia. Los casos, que trascendieron a la opinión pública, como Los Sauces; Hotesur;  Vialidad;  la Ruta del dinero K;  Ciccone calcográfica;  el Pacto con Irán;  Oil Combustibles; los Cuadernos de la corrupción. Causas por corrupción por valores gigantescos. Para ponerlo en números, se contabilizaron 6.300 millones de dólares de embargos sólo por los casos de corrupción, cifra que equivale al 14% de la deuda con el FMI.

Pero lo más grave es el plan que comenzó a partir de las anteriores P.A.S.O. en 2019 cuando comenzaron a alzarse las voces del lawfare o guerra jurídica, palabra de origen estadounidense creada para referirse al ataque contra oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales, para dar apariencia de legalidad.

Desde que asumen los Fernández comienzan a anunciarse ataques a las instituciones investigativas de la Nación. Por ejemplo, al ministerio Público fiscal, a las oficinas de contralor como la Oficina Anticorrupción (OA) o la Unidad de Información Financiera (UFI),  actos que representan un plan muy bien organizado para evitar el avance de los juicios orales de los casos de corrupción. Estamos esperando desde hace tres años que se desarrollen los juicios y eso no está pasando. Se trata de un plan sistemático para desarticular los organismos de control y los organismos de investigación.

-¿Cuáles considera que son los hitos  principales de este plan descripto en su libro?

-En primer lugar avanzar contra los organismos de control, la OA desarmo el área penal y se retiró de los casos de corrupción, en segundo lugar avanzaron contra las  oficinas de investigación, la UFI no apeló el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Las oficinas de contralor, que eran querellantes, se retiraron de los juicios contra los Kirchner.

Acto seguido comenzaron a deslegitimar a la Suprema Corte de Justicia que va a fallar en última instancia en estos casos. Con el caso Boudou, se llegó al climax de la presión. Cuando la Corte confirmó su condena comenzaron a pedir indultos, hubo pronunciamientos destituyentes contra los miembros de la Corte Suprema, desde el Senado nacional comenzaron a atacar al Procurador General de la Nación el Dr. Casal, se generó un proyecto de ley para desarticular a los fiscales, por un tema técnico, si no hay un fiscal que lleve adelante la acusación, los tribunales no pueden condenar e intentan, en la actualidad, tomar el Ministerio Público Fiscal para evitar que sus miembros acusen. Están tan sólo a seis votos de lograrlo.

Además, han nombrado a una militante del lawfare en la Secretaría de Inteligencia para desarticular las investigaciones. Por todo ello, el libro refleja los casos en base a los precedentes judiciales que indican que el kirchnerismo, desde el año 2003 al 2013, fue una asociación ilícita destinada a saquear las arcas del Estado. Lo dicen, en distintos precedentes, los propios jueces y, advierte, la puesta en marcha de este plan sistemático para desestabilizar a estas instituciones del estado de derecho.

-La ONG Será Justicia llevó el caso a los organismos internacionales. ¿Por qué interesar al Fondo Monetario  Internacional acerca de los casos de corrupción en Argentina?

Será Justicia denunció ante el FMI esta situación, al igual que ante el BM; ONU, OEA, BID y la OCDE, que realiza un seguimiento anticorrupción, pero ¿porque nos interesa particularmente el FMI? Por la renegociación que el Estado realizará porque el organismo de crédito puede condicionar al gobierno nacional para que mantenga la independencia y la autonomía de autoridades claves en un estado de derecho que son pilares para el desarrollo material de una  Nación.

Los funcionarios del FMI, asocian que si no se sanciona la corrupción los países no pueden desarrollarse de una manera sustentable y han concluido que los países no pueden tener, solamente, metas económicas, cambiarias y fiscales, sino que tiene que haber otros pilares del estado para que lleguen inversiones que cuenten con seguridad jurídica y se desenvuelvan en  una sociedad donde las reglas de funcionamiento institucional estén garantizadas.

Ese documento fue presentado inicialmente ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional, y luego, se ha convertido en el actual libro que presentamos en sociedad.

-Al recurrir a organismos internacionales para que incidan sobre el gobierno nacional ¿no se está cediendo soberanía? ¿no se pierde la posibilidad de arreglar nuestras propias cuestiones?

-Hubo muchos comentarios en línea con el argumento de porque me tienen que venir a mirar de afuera. La realidad es que la Argentina está en un proceso de ingreso a la OCDE que tiene normas anti corrupción y, además, les pedimos, a los organismos  anteriormente citados, asistencia técnica para mejorar muchas áreas estatales. Lo que fuimos a pedir es otra asistencia técnica en un momento muy crítico de la Argentina donde si no se le empieza a pedir normas, que son estándares internacionales como la independencia de los jueces y de los fiscales, normas de calidad que tienen un consenso internacional al nivel de la libertad de prensa. Son temas que ya no se discuten en Occidente, en los países desarrollados.

Son normas que tenemos que respetar porque firmamos tratados internacionales y son normas que nosotros mismos nos comprometimos a observar. Por ello, lo que hicimos fue advertir que el gobierno argentino no está respetando estas cuestiones pero no para que nos vengan a sancionar sino a ayudar y, eventualmente, el FMI, a través de sus funcionarios, les diga a los integrantes del gobierno, te vamos a prestar o a cerrar un acuerdo de roll over de la deuda pero tiene que haber un orden con estos pilares democráticos sino tu desarrollo va a ser siempre desordenado.

El caos que está viviendo la Argentina tiene que ver con que hace mucho tiempo no se respetan las leyes y por eso no siento que se resigne soberanía porque nosotros mismos de modo voluntario firmamos los tratados internacionales a los que nos comprometemos a cumplir ciertas normas. No podemos firmar para la foto y después pegar la vuelta y de atrás decimos, nosotros no vamos a cumplir nada de lo que suscribimos.

-¿Se juega el futuro institucional de la Argentina en la próxima elección legislativa?

-Sí porque el kirchnerismo tiene un proyecto de gobierno que, desde mi punto de vista, se trata de un plan de control judicial al que hay que sumarle un plan para perseguir opositores y es un plan similar a otros países de la región que buscan la perpetuidad del poder público y que se traduce en un control absoluto de las instituciones. Acto seguido, controlan el sistema electoral y a los ciudadanos, luego, no nos queda nada.

Una vez que te tomaron el sistema electoral es muy difícil salir de este tipo de populismo que busca la hegemonía y donde la mayoría del pueblo, que se encuentra empobrecido, con falta de educación termina por depender de la ayuda del estado.

Por supuesto que el kirchnerismo detesta la división de poderes que implican controles, detestan a los organismo de control  independientes porque también implican rendición de cuentas y buscan cambiar los estándares internacionales y hasta la Constitución Nacional que incluye los controles y contrapesos para que funcione correctamente una República.

Cuando Néstor Kirchner se saca de encima el control del FMI, al tiempo que se endeuda con una tasa superior con el estado venezolano, era para sacudirse de los controles internacionales porque lo que no les gusta son las auditorías internas y externas y la división de poderes.

-¿Usted cree que hay consenso dentro de Juntos por el Cambio acerca de este plan de destrucción institucional de parte del kirchnerismo que está denunciando?

-Pienso que todos pensamos parecido. Pero hay una parte  de Juntos por el Cambio que está más dispuesta a hablar y acordar con el kirchnerismo ciertos temas. Creo que, en ese caso, hay una subestimación de las amenazas a la que estamos expuestos porque es muy difícil ponernos a dialogar con personas que tienen objetivos muy diferentes para el país. Nosotros queremos un país con división de poderes con estabilidad institucional con trabajo, propiedad privada, desarrollo y libertad. 

Por ello, si ingreso a la Cámara de Diputados como parte de un equipo de trabajo, me focalizaré en temas en los que la sociedad civil participe para conseguir que la boleta única sea una realidad,  un sistema más transparente y más barato, con avanzar en el proyecto de ficha limpia,  legislar acerca del financiamiento de las campañas y la amenaza del narcotráfico financiando partidos políticos, debemos dar ese debate como también la bancarización de los pagos  que realiza el Estado, o sea,  proyectos que le den más calidad a la democracia argentina.