El empresario Lázaro Báez apeló el sobreseimiento de los agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusados de haberlos espiado cuando estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza.

Mediante un escrito presentado por su abogado, Martín Villanueva,  Báez consideró “prematura” la decisión adoptada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y ratificada por la Cámara Federal porteña.

“El sustento fáctico desarrollado para fundar la nulidad y los sobreseimientos aquí cuestionados, resulta por demás prematuro”, subrayó el escrito, que busca que la Cámara de Casación revise el fallo exculpatorio.

El juez de primera instancia y la Cámara basaron los sobreseimientos en la nulidad de la declaración de dos testigos y en las supuestas irregularidades en la indagatoria de un narcotraficante que fue quien disparó el inicio de la investigación.

Báez refutó ambas cuestiones.

“La supuesta acreditación respecto a que los testimonios fueron ‘guionados’ por el juez Federico Villena (actuando como juez y parte) se basa exclusivamente en conjeturas e inferencias”, sostuvo la defensa del empresario condenado en dos causas por corrupción.

Villena es el juez federal de Lomas de Zamora que llevó la causa en sus primeros tramos y luego fue apartado por la Cámara Federal de La Plata.

“Las referidas irregularidades o inconsistencias que ostentarían los testimonios podrán disminuir su valor probatorio pero no así conllevar a la declaración de nulidad del acto.  No se ha probado en lo más mínimo que hayan incurrido en falso testimonio ni mucho menos que hayan sido guionados para declarar de tal u otra forma”, insistió Báez.

“Será en la etapa de debate en la que se podrá confrontar dichos testimonios y contemplar el valor probatorio de las mismas”, subrayó, aplicando un concepto que viene desarrollando el tribunal oral que tiene a su cargo la Causa Cuadernos.

Sobre la declaración de Sergio “Verdura” Rodríguez –acusado por narcotráfico y cuyo relato destapó el supuesto espionaje ilegal que incluía a las cárceles-  la defensa de Báez recordó que fue parte de su declaración indagatoria.

“Su falta de veracidad jamás podría, en el marco de un estado de derecho, conllevar la nulidad de dicho acto procesal (y de defensa); mucho menos de todo lo actuado con posterioridad a aquella. Máxime si, como ocurre en este caso, hubo otras medidas probatorias independientes que corroboraron sus dichos”, resumió Báez, actualmente en prisión domiciliaria.