El fiscal general José Luis Agüero Iturbe apeló el sobreseimiento de todos los imputados por supuesto espionaje ilegal a presos kirchneristas durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Las desvinculaciones son prematuras y la debida configuración de los acontecimientos obturan arribar a la conclusión de la sanción de nulidad y el dictado del sobreseimiento de los imputados”, sostuvo el fiscal.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi, primero, y la Cámara Federal, luego, dictó la nulidad de la declaración de dos testigos y de todo lo que sobrevino a esa situación, por presuntas irregularidades atribuidas al juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

En consecuencia, todos los imputados, integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), varios de ellos del área de inteligencia carcelaria, fueron sobreseídos y desvinculados de la investigación.

El fiscal Agüero Iturbe consideró que “las declaraciones de los testigos, cuestionables si se quiere desde el punto de vista valorativo como prueba de cargo, no son pasibles de la nulidad decretada”.

“Sin abrir aquí juicio de valor sobre el modo en que se condujo la encuesta, debemos retrotraernos al momento en que se produce la declaración. En ese menester cabe tener en cuenta que a la fecha del acto se transitaba la emergencia sanitaria, extremo no plasmado en el caso, pero que por notorio y público es innecesaria mayor acreditación”, justificó el fiscal.

“Tal circunstancia posibilitaría entender ciertas desprolijidades evidenciadas en las declaraciones que llevan al señor juez en este caso a dudar sobre su veracidad”, abundó.

Agüero Iturbe fue más allá y consideró que aun reconociendo que las declaraciones cuestionadas son nulas “no puede prosperar el sobreseimiento por la existencia en el caso de una línea de investigación independiente”.

“En paralelo a las declaraciones testimoniales y con anterioridad a estas, se desarrolló otro andarivel investigativo. Ese camino recorrido llevó a develar la existencia de ese grupo”, sintetizó.