La postulación del juez federal Ariel Lijo para ser ministro de la Corte Suprema tuvo más de diez veces de adhesiones que la cantidad de impugnaciones que recibió.

El juez Ariel Lijo, postulado por el Gobierno para ocupar el puesto vacante de la Corte Suprema de Justicia tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo con un informe que preparó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

El proceso legal, que duró 15 días para reunir las adhesiones y rechazos, se inició el 22 de abril y culminó el 10 de mayo. 

Entre quienes apoyaron a Lijo se encuentran la Asociación Mundial de Juristas, una organización no gubernamental que reúne a jueces, académicos y profesionales del derecho de más de 140 países; el Foro Legal Internacional; la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); y los jueces de la Cámara de Casación Penal, de la Cámara Federal Penal de la Capital, de la Cámara Penal Económico y magistrados y fiscales de todo el país.

A ellos se sumaron la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que encabeza el gremialista Julio Piumato y la Cámara Nacional Electoral, quien, a través de su presidente, Santiago Corcuera, resaltó de Lijo “su más absoluto apego a los valores republicanos, a los que se suman sus cualidades personales”.

Quienes apoyan al actual juez federal como denominador común remarcan, entre otros aspectos, que a lo largo de su carrera ha demostrado en reiteradas oportunidades su compromiso en la lucha de delitos complejos como la trata de personas y el narcotráfico. 

Los adherentes a la postulación de Ariel Lijo valoran y ponen como ejemplo sus investigaciones para culminar con las bandas que operaban en el interior de la Villa 31 de esta ciudad o distintas organizaciones que trasladaban estupefacientes desde el norte del país hacia distintos puntos de esta ciudad.

Y en materia específica de trata de personas, en general señalan que ha llevado adelantes muchas investigaciones que permitieron el rescate de víctimas de ese delito, logrando la detención e impulsando a juicio todos esos casos. 

En el año 2013 fue reconocido por la Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco por su labor en una investigación que permitió rescatar a 31 víctimas del delito de Trata en dos prostíbulos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros en la localidad de Bonaerense de San Miguel.

Además, advierten que, a su conocimiento y dedicación, se suman los reconocimientos recibidos por su gestión y capacidad por mejorar el sistema de administración de justicia, obteniendo en el año 2017 el primer certificado de normas ISO 9001/2008 en un Juzgado Federal. 

Lijo es titular del juzgado federal 4 de Comodoro Py, desde donde tuvo varias causas de alto impacto político, como el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica, en el que procesó y envió a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, a quien también detuvo en noviembre de 2017.

Además, formó parte de la renovación de jueces del menemismo de Comodoro Py cuando fue designado junto a Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Guillermo Montenegro. 

Como abogado se especializó en administración de Justicia y Piratería y Fraudes Marcarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Como juez, Lijo tuvo varias causas de relevancia política. Investigó crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar y condenó a Cristiano Nicolaides. 

También tuvo causas vinculadas al atentado a la AMIA, como fueron las irregularidades en la investigación judicial del caso, y procesó y envió a juicio oral al expresidente Carlos Menem y al ex juez Juan José Galeano.

El otro postulado por Javier Milei para la Corte Suprema para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien en diciembre cumplirá 75 años (la edad límite establecida por la Constitución Nacional para integrar el Máximo Tribunal) es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García-Mansilla.