Por tercer día consecutivo, frente a Casa Rosada, permanece una carpa blanca con pasacalles a su alrededor que le reclaman a la Secretaria General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, el cese "el ajuste en discapacidad".

Se trata del Colectivo de Discapacidad quienes junto a familiares y acompañantes terapéuticos acampan en Plaza de Mayo y permanecen en estado de paro y movilización hasta el viernes, a la espera de una nueva definición que se dirimirá en asamblea. 

Según supo NA, los reclamos son varios e involucran a más de una entidad. Si bien la exigencia en el pago a las obras sociales para que estas puedan depositar los sueldos a los prestadores es uno de los pedidos centrales, también hay la necesidad de garantías en equipamientos en tiempo y forma, y medicación, un aumento salarial acorde a la inflación, el pago a mes vencido, mejores condiciones para los AT y la aprobación de tratamientos en 15 días. 

Desde el Ministerio de Economía negaron recortes en el área, y en la misma lógica el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross, se encargó de explicar en conferencia de prensa post reunión de Gabinete que los pagos están hechos. 

"Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas", explicaron desde el área conducida por Sergio Massa al tiempo que se desligaron de las demoras en los pagos por parte de las obras sociales. 

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Desde Gobierno aclararon que el circuito de pago es extenso y nuclea a varios actores. Los acompañantes y entidades reciben por sus servicios pagos de las obras sociales. Si la persona no cuenta con obra social, el pago viene de la ANDIS, organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, vía el programa Incluir Salud. 

Según pudo averiguar NA, a través de un Fondo Solidario de Redistribución, compuesto por el 9% de los aportes y contribuciones (3 puntos de los trabajadores registrados y el 6% de las empresas) y de multas de la Superintendencia de Salud, el Estado administra los recursos para que las obras sociales puedan depositar el salario de los prestadores. 

A su parte, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que depende del Ministerio de Salud de la Nación, se encarga del deposito de las obras sociales sindicales, que son 300, y requieren, a su vez, del desembolso de AFIP. Es decir, los prestadores rinden su facturas a las obras sociales, que a su vez lo presentan en la SSS para una auditoria y posterior elevación del pedido a AFIP para garantizar el giro de plata que surge del Fondo en cuestión. 

Los tiempos en los depósitos son tiranos, y dentro del marco de lo legal, puede demorarse hasta noventa días en los pagos. Frente al panorama inflacionario, los retrasos complejizan la situación de los prestadores que permanecen en protesta. 

En las inmediaciones de Casa Rosada, los manifestantes, en su mayoría mujeres, se posicionan además en contra de un tentativo proyecto de decreto que, según denuncian, busca crear un nuevo Fondo Nacional para la Cobertura de las Prestaciones Básicas de Atención Integral, a cargo de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en reemplazo del ya existente, y deja por fuera a un sector de las discapacidades de la cobertura de las obras sociales.

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Si bien hay confusión acerca de las posibles modificaciones, Fernando Galarraga, el titular de ANDIS explicó: "Frente a versiones extraoficiales, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo dependiente del a Secretaría General de la Presidencia de la Nación, se informa que actualmente se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con las responsabilidades que les atribuye la Ley 24.901.

En la misma línea, añadió: "Constantemente se están analizando distintas alternativas con el fin de sanear y fortalecer este sistema de prestaciones de discapacidad y eso incluye a TODOS los financiadores del sistema. No excluye a ninguno y menos a las Obras Sociales, con quienes las personas con discapacidad y sus familias tienen un largo y exitoso camino recorrido".

El pasado lunes, los manifestantes fueron recibidos por el subsecretario de Gestión Institucional, Julián Massolo, en Casa Rosada, en una reunión que duró más de tres horas, en la que desde el área se comprometieron a avanzar en los pedidos y establecieron el compromiso de descartar el proyecto de DNU.