El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, encabeza una investigación a funcionarios y/o empresarios por la contratación del sistema de Boleta Única Electrónica que se utilizó para la votación en Ciudad de Buenos Aires en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y que terminó en escándalo por las graves demoras y las irregularidades. 

La investigación que lleva adelante González es a “todas aquellas personas con responsabilidad en la contratación, implementación, ejecución y/o supervisión del sistema BUE (boleta única electrónica), ya sean funcionarios de la gobernanza electoral o representantes de la firma contratada”. 

Todo se desató el pasado 13 de agosto cuando, en las elecciones PASO que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, el sistema mostró fallas, a tal punto que la entonces precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, probó unas siete veces para recién poder sufragar. 

Además, por la falla de las máquinas, hubo extensas demoras en varios colegios que obligaron a retrasar el fin del horario de la elección en los establecimientos. 

En función de ello y luego de varias críticas hechas por la jueza electoral María Servini, es que se inició una investigación que queda a cargo del fiscal electoral Ramiro González. Las críticas apuntaron muy fuerte al Instituto de Gestión Electoral porteño a cargo de Federico Fahey Duarte y a la empresa Magic Software Argentina, la cual fue contratada. 

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La investigación del fiscal apunta a determinar si existió algún delito aunque, por el momento, no pudo individualizarse a alguien en particular, lo cual estima que surgirá de las medidas de prueba que él llevará adelante en la investigación. 

“Si bien aún resulta prematuro individualizar las personas contra las que se dirige la presente acción, prima facie, serán investigadas todas aquellas personas con responsabilidad en la contratación, implementación, ejecución y/o supervisión del sistema BUE (boleta única electrónica), ya sean funcionarios de la gobernanza electoral o representantes de la firma contratada”, aclaró en un escrito.

Como medida de prueba, Ramiro González pidió toda la información al Tribunal Superior de Justicia porteño sobre los “inconvenientes” que se dieron durante la elección de las elecciones PASO, en el predio de la Sociedad Rural Argentina, donde tuvo el incidente Bullrich, así como en la Facultad de Derecho de la UBA y el Colegio San Agustín.