El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé dictaminó a favor de aceptar al abogado Daniel Sabsay y a los ex camaristas Ricardo Guibourg y Luis Herrero como “amicus curiae” (amigos del tribunal) en la denominada “Causa D’Alessio”.

La Cámara Federal de Mar del Plata había aceptado la intervención de los “amicus curiae”, una figura convalidada por la Corte Suprema que admite la intervención de personas e instituciones que no son parte de un expediente pero que por sus conocimientos podrían aportar para una mejor solución.

Sabsay, Guibourg y Herrero se presentaron en esa calidad porque consideraron que en la investigación por presunta asociación ilícita, extorsión e inteligencia ilegal que tiene como principal imputado al falso abogado Marcelo D’Alessio había cuestiones relacionadas con la libertad de expresión y la tarea profesional de los periodistas.

Una de las líneas de investigación sobre las actividades ilegales de D’Alessio tiene que ver con la intervención de periodistas en la difusión de información que les proveía el falso abogado, presuntamente como forma de presionar a sus víctimas con reclamos extorsivos.

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Una de las presuntas víctimas de esa metodología fue el empresario petrolero neuquino Mario Cifuentes, quien apeló la aceptación de los “amicus”.

Sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, “se agravian por cuanto con lo resuelto se confirmó la asignación de la calidad de amicus curiae a quien carece de los extremos señalados por la acordada de la Corte y de la debida objetividad que debería revestir”.

“Posee un interés específico en coadyuvar con la función de la defensa, asignándole facultades de parte en el proceso que no le son propias, como la de compulsar el expediente”, sostuvo la representación de Cifuentes.

Pero según el fiscal Pleé, “la resolución que se intenta conmover ha sido sustentada razonablemente, siendo que la parte recurrente se limita a afirmar sus propias convicciones respecto de cómo se debió resolver la cuestión, evidenciando una mera discrepancia con el criterio del juzgador”.

Cifuentes “no ha demostrado el error jurídico en que supuestamente se incurrió, motivo por el cual sus argumentos no resultan idóneos para tachar al pronunciamiento de acto jurisdiccional inválido”.

El dictamen pasó a estudio de la Cámara Federal de Casación, que será –en definitiva- la que resuelva la permanencia o no de los “amicus curiae” en el expediente, que ahora también tramita en Comodoro Py 2002.