Una encuesta regional realizada por el Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC), un think tank chileno, concluyó que, por segundo año consecutivo, la inseguridad ciudadana y el crimen organizado son los principales riesgos para las democracias latinoamericanas en un año cargado de elecciones cruciales.

Se esperan definiciones electorales de importancia en México, Venezuela, Panamá y El Salvador, países atravesados por graves conflictos desatados por la violencia de los clanes del narcotráfico y las pandillas que responden a los capos del crimen organizado.

Hoy, el centro de atención de la inseguridad está puesto en Ecuador como antes lo estuvo en El Salvador de Nayib Bukele y, como siempre, se encuentra presente en México. El país azteca es la nación que debe ser analizada para comprender la vigencia del crimen organizado y los flujos de dinero que moviliza en todas las economías de Occidente.

El relevamiento del CEIUC firmado por el prestigioso investigador senior argentino, Daniel Zovatto y por Diego Rojas y Jorge Sahad K. indica que, “… los 10 principales riesgos políticos serán de naturaleza transnacional, nacional o social. El ranking de este año es liderado nuevamente por la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, aumentando la brecha respecto del segundo riesgo. El aumento de la violencia es un tema que ha copado la agenda regional y, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), el crimen organizado es el responsable de alrededor de la mitad de los homicidios en Latinoamérica y el Caribe: 8 de cada 10 países con las tasas de homicidios más altas del mundo se encuentran en Latinoamérica y el Caribe”.

Esta pandemia de inseguridad ciudadana ha llevado en los últimos días a que los ministros del presidente, Javier Milei, evalúen realizar cambios en la legislación vigente para poder involucrar a los efectivos de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, cuyas prácticas suelen ir de la mano, como se ha visto con la explosión de coches bombas en las calles de Quito, Ecuador.

Para el ministro de Defensa, Luis Petri, sólo se necesitaría cambiar un decreto presidencial por otro del actual mandatario. 

Petri señaló la necesidad de modificar el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional y señaló  públicamente “… modificar el decreto, no ya la Ley de Defensa, el decreto que reglamenta la Ley de Defensa para ampliar las capacidades militares, para que nuestras fuerzas armadas, por ejemplo, puedan actuar no solamente ante agresiones externas de otro Estado, ante agresiones convencionales, sino también que puedan actuar ante agresiones externas provengan o no provengan de otro Estado. Por ejemplo, agresiones terroristas, algo que en el mundo ya no se discute, los vemos en Israel, el 8 de octubre el Estado de Israel sufrió un brutal atentado por parte de HAMÁS e inmediatamente intervinieron sus Fuerzas Armadas”.

A pesar de esta prédica, los negociadores de la Casa Rosada debieron retirar del proyecto denominado “ley ómnibus” el capítulo referido a Defensa y Seguridad, para poder avanzar con otros puntos de índole económica y financiera.

Sin embargo, desde el ministerio de Defensa, aseguraron que están trabajando en un proyecto de ley que permita ampliar las tareas de los efectivos militares además de recomendar al Presidente la revisión del decreto reglamentario de la Ley de Defensa nacional.

Por lo demás, el informe elaborado por el CEIUC resulta esclarecedor acerca de los riesgos que acechan a la Argentina como nación integrante de una región corroída por la inseguridad y la corrupción.

Un país que ya registra índices muy preocupantes de inseguridad en sus grandes ciudades, el Conurbano bonaerense y la ciudad de Rosario, son dos claros ejemplos, y de casos de corrupción política sin juzgar.

El relevamiento anota que el aumento del crimen organizados se produce de manera trasnacional y la inseguridad “… se ha elevado de forma exponencial en países como Ecuador y otros con niveles relativos de seguridad altos, como Chile y Uruguay. En tanto, en Venezuela no hay grandes organizaciones armadas, pero sí grandes pandillas; mientras en Colombia existen fuertes grupos organizados y armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ENL), los grupos disidentes de las FARC y El Clan del Golfo. Por otro lado, reconocidas organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJGN) y el Cártel del Pacífico (Sinaloa) se han expandido por la región, sumado a que cada vez hay más grupos medianos y pequeños con capacidad de traficar bienes ilícitos sin necesidad de pertenecer a una gran organización”.

Para el especialista en seguridad pública, Jorge Luis Vidal, “…mi jefe, en Medellín, decía hay que hacer lo que hay que hacer. Y, eso significaba no meterle política a la seguridad, sino atender y aplicar las políticas de seguridad, sin importar la conveniencia política de tal o cual gobernante local o municipal”.

Por su parte, el académico Daniel Zovatto, afirma que, "El crimen organizado sigue creciendo donde el Estado es relativamente débil, los niveles de corrupción altos y predominan economías informales con altas tasas de desigualdad y pobreza. Por su parte, sistemas judiciales sin independencia e instituciones públicas con altos índices de corrupción contribuyen a una cada vez mayor percepción de inseguridad e impunidad.