El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, ampliaron la imputación contra ex jefes militares por tormentos aplicados contra soldados que combatieron en la guerra de Malvinas.

Los representantes del Ministerio Público incorporaron otros 22 casos de torturas a soldados y dos de abuso sexual cometidos contra soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIMec) Número Tres.

La acusación incluye por primera vez delitos sexuales, hechos de antisemitismo y actividades de inteligencia ilegal sobre los ex combatientes después de terminado el conflicto bélico, cuando los sobrevivientes regresaron al continente.

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La ampliación de la imputación se produjo en el contexto en el que la Corte Suprema debe pronunciarse sobre si las torturas a soldados (sobre las que hay 180 relatos de víctimas y testigos, tres imputados y 20 llamados a indagatoria que aún esperan fijación de fecha) son o no crímenes de lesa humanidad.

En 2018 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia calificó como crímenes de lesa humanidad a los tormentos aplicados por los mandos militares a soldados, pero en  mayo de 2021 la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa resolución.

En octubre del año pasado el expediente llegó a la Corte Suprema, que le pidió opinión al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien aún no se pronunció sobre la cuestión.

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El nuevo dictamen fiscal describe nuevos hechos de estaqueamientos como castigo contra los soldados que buscaban comida y abrigo porque sus jefes no se los proveían y menciona el “ensañamiento con soldados con apellidos de origen judío”.

 El requerimiento describe el arraigado sentimiento antijudío y subraya que “en el contexto de Malvinas, se los cuestionaba por no considerarlos argentinos, acusándolos de cobardes o traidores”.

La fiscalía sumó también los episodios de abuso sexual que sufrieron dos conscriptos.