El ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y otros ex funcionarios imputados en una causa por presunto manejo irregular de la “caja chica”, ofrecieron pagar el presunto perjuicio contra las arcas públicas para cerrar el expediente, que está en la etapa previa al juicio oral.

El Tribunal Oral Federal 3 rechazó el planteo, pero elevó la causa a la Cámara Federal de Casación, que será –en definitiva- la que adoptará la decisión final.

Baratta y Luis Vitullo, ex director general de Administración de Planificación,  fueron procesados en el año 2017 por el juez Sebastián Casanello por el presunto delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

La causa se inició por una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) durante la gestión de Laura Alonso, en el gobierno de Mauricio Macri, sobre la base de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La denuncia indicaba que durante una auditoría se hallaron presupuestos sospechados de falsedad, facturas antedatadas, sobreprecios y compras injustificadas, todo en el segundo semestre de 2015, previo al cambio de gobierno.

La OA consignó en su presentación que se habían adquirido sin justificación mesas y sillas para el Centro Cultural Kirchner, libros y café en granos,  entre otros bienes y servicios.

Baratta y Vitullo fueron considerados coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que los ex funcionarios Marcos Sebastián Cugliati, Mariano Armando Zuqui, Nicolás Constantino Michudis, Alberto Daniel García y Carlos José Fernández Bravo están imputados como “partícipes necesarios”.

El auto de elevación a juicio menciona  “la existencia de presupuestos apócrifos, sobreprecios, irregularidades en cuanto a la cronología de lo actuado, como así también gastos sin la justificación pertinente, violando los deberes a su cargo y perjudicando de ese modo el patrimonio del Estado Nacional”.

En setiembre del año pasado, los imputados manifestaron al tribunal su voluntad de “reparar integralmente el daño”, abonando para ello las sumas de dinero por las que habían sido embargados.

Esos montos van desde los 400 mil pesos hasta los tres millones en favor del Ministerio de Economía y, “para el caso de que ese organismo no la acepte, sea donada al Hospital Garrahan”.

Las defensas expresaron su voluntad “de resolver el conflicto suscitado, evitando así también el dispendio jurisdiccional que importaría la realización de un juicio oral, cuyo resultado más gravoso sería el dictado de una pena de ejecución condicional”.

El tribunal rechazó la oferta, pero ante la apelación resolvió, por mayoría (conformada por los jueces Andrés Fabián Basso y Javier Feliciano Ríos, más la disidencia de  Fernando Machado Pelloni) conceder el recurso para que resuelva la Casación, el principal tribunal penal del país.