La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata dará a conocer mañana la sentencia en el juicio por el asesinato del ex subcomisario Jorge Gutiérrez, ocurrido en 1994 cuando investigaba la “aduana paralela”, uno de los hechos de presunta corrupción del gobierno de Carlos Menem.

Los jueces Miriam Ermili, Laura Lasaga y Juan Benavides anunciarán el veredicto respecto de los dos acusados, Alejandro Daniel “Chiquito” Santillán y Francisco Severo “el Colorado” Mostajo.

Ambos están acusados de ser los autores materiales del homicidio de Gutiérrez, hermano del dirigente sindical y ex intendente de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez.

El hermano de la víctima estuvo presente durante la audiencia de los alegatos acusatorios y aplaudió el pedido de pena de prisión perpetua para los imputados.

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La audiencia será transmitida por el canal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Santillán y Mostajo están acusados de ser los coautores materiales del crimen a bordo de un tren de la línea Roca, a la altura de la estación de Sarandí, aunque el cadáver fue encontrado en la estación La Plata.

En su alegato, el fiscal Martín Chiorazzi consideró que Santillán fue quien efectuó el disparo mortal por la espalda, mientras Mostajo distraía a la víctima.

La acusación, con la que coincidió la querella, sostiene que se trató de un homicidio agravado por alevosía, por ser cometido por una pluralidad de agresores, por la nocturnidad y por perteneceré los imputados a una fuerza de seguridad.

El pedido de pena incluya la “inmediata detención” de los imputados en caso de condena.

Los acusados siguieron el juicio desde una sala contigua a la del debate por pedido de sus defensas, como una medida de seguridad y para evitar contacto con las querellas y los testigos.

Entre estos últimos estuvo el juez de Garantías de La Plata Federico Atencio, quien instruyó la causa en sus primeros pasos, en 1994.

Gutiérrez fue asesinado en la madrugada del 29 de agosto de 1994 cuando se encontraba investigando un depósito clandestino que funcionaba como aduana paralela con presuntas conexiones con el narcotráfico.

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El caso llegó a la etapa de juicio por segunda vez, casi 28 años después del hecho, y como consecuencia de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 2013, el Estado Argentino admitió su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de Gutiérrez y a que su familia obtuviera la reparación judicial por el crimen.

La víctima había iniciado una investigación sobre el almacenamiento de mercaderías presuntamente ilegales en depósitos fiscales que proliferaron tras la desregulación del comercio exterior resuelta durante el gobierno de Menem (1989-1999).