El juez federal Ariel Lijo ordenó el allanamiento de catorce domicilios vinculados a movimientos sociales en el marco de la causa que investiga la supuesta extorsión y coacción a beneficiarios de planes por parte de 
integrantes de agrupaciones.

Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios relacionados a los movimientos CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y del Movimiento Territorial de Liberación (MTL).

Se secuestraron varios celulares y gran volumen de documentación para consolidar la investigación, y fueron identificadas 16 personas.

Los allanamientos se realizaron en CABA y en distintas localidades del conurbano como Guernica (Presidente Perón), Tristán Suárez, Ingeniero Budge, San Justo, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y en el municipio de Malvinas Argentinas. 

La causa se inició a raíz de la judicialización por parte del Ministerio de Seguridad de las denuncias recibidas a la línea 134 con acusaciones anónimas y otras hechas por personas que se identificaron, quienes manifestaron ser amenazados con perder los beneficios de quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales convocadas por referentes militantes de las agrupaciones mencionadas.

En CABA, se allanó un local de reunión del MTL, ubicado en el barrio de Parque Patricios, donde se secuestraron cuadernos con anotaciones, una chequera y un celular. 

En Tristán Suárez, los efectivos estuvieron en un merendero del Movimiento Evita y se secuestraron celulares y fueron identificadas dos mujeres.  

Otro merendero fue allanado en Ingeniero Budge, donde se secuestró documentación vinculada a las cooperativas Unidos Trabajadores de la Economía Popular - UTEP.

En Maquinista Savio, la Justicia allanó la oficina del Movimiento Evita y de la Cooperativa La Esperanza y Evita Pueblo, donde se secuestraron carpetas, biblioratos, planillas, facturas y recibos. 

Todo el material probatorio será analizado por la Justicia para lograr determinar a los responsables de lucrar con los que menos tienen. 

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo de Ariel Lijo, secretaría 7, cargo de Diego Arce.