La presidenta de Perú, Dina Boluarte, planteó adelantar las elecciones generales para abril de 2024, con lo cual su Gobierno elevará en los próximos días ante el Congreso, un proyecto de ley que propone las reformas correspondientes para tal fin.

"He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024", anunció la jefa de Estado en un mensaje a la nación que fue transmitido por la estatal TV Perú.

Explicó que el proyecto buscará "ser consensuado" con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, y que su sanción implica reformas constitucionales que "deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución".

Boluarte tomó la decisión cinco días después de asumir su mandato, bajo la presión que comienzan a representar los focos de manifestaciones en algunos puntos del país, que exigen el adelanto de los comicios y la liberación del exmandatario, Pedro Castillo, destituido por el Congreso.

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La situación se intensificó este domingo, luego de que reportes oficiales dieran parte de que dos personas murieron en la ciudad de Andahuaylas, en la región sureña de Apurímac, en medio de los choques con oficiales policiales por las protestas callejeras.

Tras celebrar una reunión extraordinaria con su Consejo de Ministros, Boluarte, comentó que hasta el momento de las elecciones su Gobierno promoverá también la concertación en el Congreso de una ley para reformar el sistema político del país.  La misma tendrá como finalidad permitir a todos los peruanos "contar con un sistema democrático de gobierno "más eficiente, transparente y participativo, ajeno a toda práctica de corrupción, y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana".

"Invoco a todas las fuerzas políticas del país, de las regiones y las provincias, a las autoridades, la sociedad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso, para que una ola de voluntad democrática, y responsabilidad nacional, nos guíe y oriente, para sentar las bases legales, institucionales y de vida democrática de un Perú unido, libre y con justicia social", acotó.

Por otra parte, la jefa de Estado anunció el estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social, y confirmó que dio instrucciones para que se "recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía".

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Boluarte, una abogada de 60 años que asumió la presidencia del Perú el pasado 7 de diciembre - cumpliendo con la línea de sucesión del mando en su condición de vicepresidenta-, luego de que el Congreso destituyó a Castillo por presunta "incapacidad moral permanente", informó la agencia de noticias Xinhua.

Castillo acusa

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, acusó a la actual mandataria, Dina Boluarte, y a la fiscal general, Patricia Benavides, de orquestar un "plan maquiavélico" en su contra, de acuerdo con una carta difundida por el congresista Guillermo Bermejo, que reveló el sitio Sputnik.

En la misiva, presuntamente escrita a mano por Castillo, también se acusa al titular del Congreso, José Williams, de participar en un plan para acabar con el expresidente a través de "un grupo de médicos camuflados y un fiscal sin rostro", quienes supuestamente intentaron tomarle una muestra de sangre.

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"Igualmente, el día de hoy volvieron con lo mismo por haberme negado (a la toma de muestra) por seguridad y mi integridad. No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la Sra. Fiscal de la Nación, el presidente del Congreso, y la Sra. Dina Boluarte", se lee en la carta.

Días antes, su abogado Guillermo Olivera aseguró que, antes de anunciar sus intenciones de disolver el Congreso, el expresidente recibió una "supuesta agua" que lo dejó "atontado", al grado que asegura no recordar qué fue lo que dijo en el discurso.

La defensa de Castillo insiste en acusar de una conspiración en contra del expresidente peruano, por lo que ya solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La abogada María Hurtado Ambrosio solicitó a la CIDH su intervención ante lo que calificó como una "vulneración de derechos y una persecución política".