La Fiscalía boliviana decidió ampliar el proceso penal en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), por los delitos de genocidio, asesinato y lesiones graves cometidos en el denominado caso "masacre de Sacaba", ocurrido en la ciudad de Cochabamba en noviembre de 2019, tras la renuncia del expresidente Evo Morales (2006-2019).

"Señor juez en previsión del Código de Procedimiento Penal, y en mérito al memorial de solicitud de ampliación y demás elementos de convicción en el cuaderno de investigaciones, se tiene la necesidad de ampliar la investigación en contra de la siguiente persona: Jeanine Áñez Chávez", señala el memorial de la comisión de fiscales del caso Sacaba.

A este panorama se suma la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de remitir a un juez de El Alto los antecedentes del caso Senkata, lo que significa que deja a la expresidenta interina en manos del juez Marco Antonio Amaru para un juicio ordinario.

Tanto en el caso de Sacaba como en el de Senkata, además de Áñez, los procesados son exjefes de las FFAA y la Policía 
Boliviana, así como los entonces ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López.

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En los días posteriores a la renuncia de Evo Morales a la presidencia, dos protestas fueron reprimidas por el Gobierno interino de Áñez.

La primera en Sacaba, Cochabamba y la segunda en la ciudad de El Alto, La Paz.

En ambos casos, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad dispararon contra manifestantes, dejando 27 muertos y cientos de personas heridas de bala.

La defensa de la exmandataria

La defensa de la exmandataria afirmó que estas decisiones agravan el conflicto de competencias para juzgar a Áñez, destacó un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Sus abogados y legisladores de la oposición recuerdan que aún están pendientes un recurso de "inhibitoria" y una apelación.

Se presentaron a la fecha tres procesos contra Áñez para juicios ordinarios, de los cuales, uno ya tiene sentencia de 10 años de presidio en el caso "golpe de Estado II".

El primer proceso es el denominado "golpe de Estado I" por la presumible comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Por este caso está detenida preventivamente con cinco ampliaciones y continúa el proceso.

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Un segundo, por el caso "golpe de Estado II", que el 10 de junio del año pasado se definió con una sentencia de diez años de prisión para la expresidenta interina, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. 

Está recluida en el penal de mujeres Miraflores de la ciudad boliviana de La Paz (oeste) desde marzo de 2021 y donde la Justicia decidió que cumpla estos diez años de prisión.

El tercer caso está referido a la designación irregular de su familiar Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz como gerente de la estatal EBA en 2020, que aún está en proceso.