La Cámara de Diputados de Chile aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, lo que abrió un juicio político, que deberá definir el Senado.

La acusación aprobada por Diputados se basa en la investigación periodística de los Pandora Papers, que reveló un conflicto de intereses en la venta de una mina por parte de la familia de Piñera.

Ahora existe expectativa con el trámite en el Senado, donde se necesitan dos tercios para destituir al jefe de Estado. Parece improbable que la
oposición logre ese número. Otra duda es si se tratará el caso en el Senado antes de las elecciones generales del domingo 21 de noviembre, algo que también aparece como improbable.

La iniciativa se había ingresado a la Cámara de Diputados en octubre pasado, cuando se formó una comisión revisora. Ahora, los 78 votos necesarios para que el trámite fuese aprobado y pase al Senado se lograron en Diputados tras 22 horas de una sesión que incluyó un discurso
récord de 15 horas del diputado socialista Jaime Naranjo, una maniobra dilatoria para asegurar el voto de un legislador ausente, por cumplir una cuarentena por coronavirus que expiraba a medianoche.

La acusación de Diputados es suficiente para prohibirle a Piñera la salida del país, aunque lógicamente seguirá ejerciendo sus funciones.

El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa con una exposición de cinco horas ante el plenario. Rogó a los diputados "rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional. Esta acusación puede ser un golpe que puede dejar heridas para los siguientes Gobiernos", advirtió el abogado del mandatario.

El caso denunciado


La acusación constitucional fue presentada la primera semana de octubre por la oposición socialista y de izquierda radical, en el marco de la  investigación Pandora Papers, que reveló que los hijos del mandatario vendieron un proyecto minero en 2010 al empresario Carlos Alberto  Delano, íntimo amigo de Piñera, por 152 millones de dólares.

La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014) y contenía una cláusula que supeditaba el último pago a que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera.

Esa decisión dependía del gobierno de Piñera. "El presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso  de venta (de la mina), operación que se produjo en 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas", declaró la Presidencia.

Piñera creó un "fondo ciego" o "blind trust" cuando ganó las elecciones en noviembre de 2009.

La cláusula que condicionaba el último pago de la venta, de unos US$10 millones, a que no se realizaran modificaciones medioambientales, también fue cuestionada por la defensa.

"Nos estamos refiriendo una cláusula cuya vigencia terminó en 2011, se quiere juntar un período al cual se le atribuye el conflicto de interés, y se quiere traer a tiempo presente, con la base de confundir", señaló el abogado defensor Jorge Gálvez.

Minutos después de la votación, el diputado Naranjo dijo que se trató de "un momento histórico que sólo fue posible gracias a la unidad de la oposición".

Desde el oficialismo, en cambio, el ministro del Trabajo Patricio Melero lamentó el resultado y subrayó que "la validez de los argumentos de los acusadores no encontraron asidero ni en la comisión ni en autoridades fiscalizadoras".

La acusación solo busca generar un daño "no sólo al presidente, sino también a la institucionalidad democrática. Estamos a meses de entregar el mando. Es es un episodio lamentable", advirtió.

El diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista, por su parte, dijo que Piñera "está moralmente inhabilitado para liderar el país". Claramente, este es el objetivo político de la oposición, más allá del resultado de la acusación en el Congreso.

Además de la acusación constitucional, el Ministerio Público abrió una investigación judicial contra Piñera por "posibles delitos tributarios y de cohecho".