El Congreso de los Diputados español aprobó este jueves un proyecto de ley de amnistía para los separatistas catalanes, despejando un importante obstáculo para una ley que marcará el segundo mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que provocó protestas y el enojo de los jueces.

La aprobación del proyecto de ley es una noticia positiva para Sánchez tras varios reveses políticos, incluido un escándalo relacionado con la gestión de las mascarillas contra el COVID-19 en las últimas semanas. El proyecto de ley fue aprobado por 178 votos a favor y 172 en contra.

La legislación aún debe ser aprobada por el Senado, dominado por los conservadores y el Partido Popular ha dicho que intentará bloquearla. No obstante, aunque la Cámara Alta vetara la ley, el veto podría ser neutralizado por la Cámara Baja.

El Gobierno de coalición minoritaria liderado por los socialistas espera que el consenso sobre el controvertido proyecto de ley le ayude a consolidar su pacto con los partidos pequeños de los que depende para aprobar la legislación.

No obstante, el miércoles el Ejecutivo decidió no enviar al Parlamento un proyecto de ley de presupuestos para 2024 ya retrasado, después de que Cataluña convocara inesperadamente elecciones para el 12 de mayo, ante el temor de que la disputa política regional que provocó esa decisión pudiera extenderse al Congreso nacional y perjudicar a sus propios apoyos.

En enero, en una humillante derrota para los socialistas, Junts —el partido catalán que pidió el proyecto de ley de amnistía a cambio de respaldar la nueva legislatura de Sánchez el año pasado— votó en contra porque la ley no podía garantizar que algunos separatistas, incluido el líder autoexiliado Carles Puigdemont, estuvieran cubiertos por él.

La semana pasada, tras semanas de conversaciones, los socialistas, Junts y Esquerra Republicana de Catalunya anunciaron que habían alcanzado un nuevo acuerdo.

En virtud del mismo, se esquiva la investigación de los separatistas, incluido Puigdemont, en España por presunto terrorismo por liderar un grupo de activistas que en 2019 protagonizó un asalto al aeropuerto de Barcelona. El proyecto de ley utiliza una definición europea más amplia de terrorismo con la intención de garantizar que los implicados puedan seguir acogiéndose a la amnistía aunque sean declarados culpables en España.

Junts y algunos socialistas afirman que la Fiscalía y otras instancias están dirigidas por jueces conservadores que pretenden bloquear la amnistía y estropear una mejor relación entre el Gobierno nacional y Cataluña. Algunos jueces y la oposición conservadora española argumentan que las acciones de los socialistas ponen en peligro el Estado de derecho.

En el último borrador del proyecto de ley de amnistía, el terrorismo se define ahora según una directiva de la UE de 2017 y tendría que haber causado graves violaciones de los derechos humanos, algo que no parece haber ocurrido en el caso al que se enfrenta Puigdemont.s responsables de Junts dicen que alrededor de 150 y 200 personas más deberían beneficiarse del último proyecto de ley de amnistía y 1.500 personas en total, dependiendo de las interpretaciones de los jueces.

El proyecto de ley cubrirá todos los acontecimientos relacionados con la campaña independentista de Cataluña desde 2011, incluido un referéndum de independencia en 2017 que fue declarado ilegal por los tribunales.

(Con información de Reuters)