El gobierno de El Salvador informó que trasladó a miles de presuntos miembros de pandillas a una "mega prisión" recientemente inaugurada, el último paso en una controvertida ofensiva contra el crimen. Esto provocó que la población carcelaria de la nación centroamericana se haya disparado.

Mientras tanto, las autoridades de Honduras anunciaron una serie de medidas destinadas a reducir el crimen organizado. Esto incluye la construcción de una nueva prisión, juicios colectivos y designaciones terroristas para miembros de pandillas.

La presidenta Xiomara Castro afirmó en un discurso televisivo que se deberían desplegar fuerzas de seguridad para "ejecutar urgentemente intervenciones en partes del país con la mayor incidencia de delitos de pandillas, como asesinatos por encargo, tráfico de drogas y armas de fuego, extorsión, secuestro y lavado de dinero."