La importancia de bajar la inflación, recomponer ingresos, promover inversiones y lograr la creación de más de 2.000.000 de puestos de trabajo durante la administración de Javier Milei obedece no sólo a la demanda de los millones de argentinos que votaron a La Libertad Avanza sino también a sus propios planes políticos a futuro si quiere obtener un segundo mandato y cortar la racha negativa de presidentes sin reelección que sufrieron, por ejemplo, Mauricio Macri y Alberto Fernández. 

Pero, en materia laboral, en Casa Rosada explicaron a Noticias Argentinas que “veríamos cumplido nuestro trabajo, si se retornara al momento de crecimiento económico y de empleo de los primeros años kirchneristas post-convertibilidad, entre el 2003 y el 2008 cuando se crearon cerca de 2.200.000 empleos en blanco".

Y, para ese objetivo, la “mini reforma laboral” según la calificaron los propios voceros de Javier Milei, alcanzaría para fomentar la creación de puestos de trabajo debidamente registrados que constituye una de las carencias más notorias de la sociedad nacional. 

Según información del INDEC, el sector privado de la economía creció en cuatro años, tan sólo, un 7,67%, pasando de 11.957.000 de puestos laborales, en el segundo trimestre de 2019, a 12.874.000 de trabajadores en el mismo período de este año. De los 917.000 empleos creados en ese período, sólo 285.000 fueron formales y 632.000 fueron informales. Es decir que por cada puesto de trabajo registrado que se creó desde el 2019 hasta hoy, nacieron más de dos empleos en negro. Generando, además, una crisis severa de desfinanciación de la seguridad estatal. 

Ahora bien, la reforma laboral con media sanción de Diputados que deberán analizar los senadores antes del 25 de mayo, según el esquema de la Casa Rosada cuyos integrantes están interesados en firmar el Pacto de Mayo con la Ley Bases aprobada, tiene como principales ejes, la modificación de las leyes de Contrato de Trabajo (Nª 20.744) y Ley de Empleo (Nª 24.103), incorporando nuevos artículos y derogando otros. 

Entre los principales puntos se extiende el período de prueba de tres a seis meses, con la posibilidad de que las convenciones colectivas lo amplíen hasta ocho meses en empresas de 6 a 100 trabajadores y hasta un año en empresas de hasta cinco trabajadores. 

Y, se incluye un periodo de blanqueo y moratoria para las empresas que decidan regularizar la situación laboral de sus empleados además de la extinción de acciones penales y la eliminación de deudas para las empresas que se adhieran al proceso de regularización laboral. 

La clave está en las pequeñas y medianas empresas. Con la ley sancionada, las pymes podrán generar nuevos empleos genuinos y registrados y entre sus protagonistas no hay acuerdo sobre si servirán para crear más de dos millones de puestos de trabajo en los que piensa Javier Milei para sus planes eleccionarios. 

Un ejemplo de las discrepancias se notan en las opiniones expresadas en los últimos días de protagonistas que ven con buenos ojos los cambios como los integrantes de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) que lanzaron una campaña para apoyar la Ley Bases y crear un millón de puestos de trabajo con otras tantas empresas, en cuatro años. 

Un objetivo más modesto que el que piensan los asesores del gobierno pero que sería un número notable en comparación con las cifras del pasado reciente. 

En la Unión Industrial Argentina (UIA), donde hay muchos representantes de empresas pymes en su comisión directiva, su titular, Daniel Funes de Rioja, convalidó que el país tiene “una informalidad bestial” y, al mismo tiempo defendió la reforma laboral: “No es contra el trabajador sino contra una legislación que tiene más de 50 años, la ley hace que el empresario no tenga miedo a contratar porque “hay una industria del juicio indiscutible que castiga a la pequeña empresa”. 

El último informe de la UIA mostró que la actividad cayó por noveno mes consecutivo y registró una caída del 8,3% en el primer bimestre del año. Los industriales manifestaron su “seria preocupación por la caída de la actividad y su impacto, principalmente en las pequeñas y medianas industrias” y reclamaron medidas para salir de la recesión. 

Ahora bien, en muchas provincias no están de acuerdo por lo aprobado en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en Formosa, el referente de las pequeñas y medianas empresas, Fabián Hriniewicz, afirmó que “...la ley no está pensada para el segmento PyME y muchos capítulos ponen en desventaja al sector con las grandes empresas y, lo más insólito, es que en esta supuesta reforma no se abordó el tema de los juicios laborales”. 

La industria del juicio parece ser uno de los puntos en los que hay acuerdo entre las pymes, pero no recibió un tratamiento acorde. 

Rodolfo Llanos, presidente de Unión de Emprendedores y fundador del PEP dijo que "con esta reforma laboral nadie invertirá: la política decidió que el bloqueo de empresas no es un delito y no debe ser incluido en la reforma". 

Señaló que con las medidas de la Ley Bases no se crearán más empleos. "El fin de semana un empresario extranjero me dijo que en un pais donde bloquear una empresa no es delito no puede invertir y congeló una inversión de 1200 millones de dólares", señaló Llanos. 

Del lado gremial, la CGT conducida por Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña, no avalan las modificaciones y llamaron a los senadores a rechazarla como dejó de manifiesto el conductor de Camioneros. 

“La Ley Bases votada en Diputados “entrega los derechos de los trabajadores a través de la reforma laboral, donde nuevamente los trabajadores vuelven a pagar Ganancias, donde habilita al presidente a un año de facultades que puede llegar a hacer cualquier cosa. Vendiendo los recursos del Estado, privatizando las empresas del Estado. Sumado a la recesión, a la inflación y los despidos, hay motivos suficientes para que el 9 de mayo sea un paro general histórico”. 

Para el dirigente citrícola, Juan Carlos “Oso” Brite, del gremio de los cítricos, uno de los sindicalistas que apoyaron a Milei desde que se presentó a elecciones, “es incomprensible la realización de un nuevo paro de la CGT cuando no hicieron nada durante los años de Alberto Fernández que rompió todo el sistema productivo y comercial durante las cuarentenas que dictó y dejó sin trabajo a miles de laburantes. La reforma laboral es necesaria, por el bien del pueblo trabajador. Avanzar con una reforma laboral, que se impone por los cambios tecnológicos y productivos que está viviendo la humanidad, es la herramienta necesaria para que los empresarios medianos y chicos puedan contratar personal y crecer en esta Argentina que necesita despegar". 

En ese punto el “Oso” Brite coincide con la Federación de Comercio de Buenos Aires (Fecoba) y la ONG Somos Pymes. Empresarios que, además, resaltan que se eliminarán las multas por no formalizar a empleados al momento de indemnizarlos, al extenderse el período de prueba de tres a seis meses, y permitirse la posibilidad de contratar a un monotributista con cinco colaboradores. 

Para el analista, Jorge Colina, a las pymes se despejará el horizonte porque podrán “...emplear a un trabajador en blanco porque les aumenta el periodo de prueba. Y le saca este gran riesgo patrimonial que hay, que son la multiplicación en las indemnizaciones por despido". 

No es la visión que comparte el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, quien opinó, "…esta reforma laboral metida en la Ley Bases deteriorará el poder de negociación de los trabajadores y su poder adquisitivo. A la larga derivará en un mercado interno más chico y menos pibes vivirán de eso", advirtió el titular de APYME. 

Para algunos empresarios pymes, la ley Bases se quedó corta en las reformas, otros están visiblemente preocupados por la coyuntura recesiva de la actualidad y en el sindicalismo aceptan resignadamente que algunas cosas deberán cambiar en medio de los enormes cambios tecnológicos que protagonizan lo que los expertos han denominado, “la cuarta revolución industrial que atraviesa la Humanidad”.