Con dictámenes diferentes, la Cámara de Diputados avanzó hoy con el proyecto de ley que apunta reformar la normativa sobre la Prevención y Represión del Lavado de Activos, y quedó listo para ser tratado mañana en el recinto.

La sesión especial comenzará a las 11 hs y está previsto que conjuntamente con la iniciativa sobre lavado de activos se trate la creación del Programa de respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), la Ley de Diagnóstico Humanizado para Personas con Síndrome Down y la creación del programa de Pubertad Precoz, entre otros expedientes.

Pese a que el proyecto del Poder Ejecutivo presentado en mayo del año pasado tuvo muchos meses de discusión y trabajo en el cual se le aceptaron modificaciones al texto original, no alcanzó para unificar criterios en el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal que se realizó este martes.

El oficialismo rubricó un dictamen de mayoría con el acompañamiento de los integrantes del PRO que firmó con disidencias parciales, mientras que la Coalición Cívica y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios que podrían sintetizarse luego, incluso con el apoyo de los dos bloques radicales.

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La bancada que lidera Germán Martínez tiene especial interés y premura en sancionar esta norma que busca adecuar la legislación a los nuevos estándares internacionales que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que realizará una revisión técnica en el país en septiembre próximo.

Además, se enmarca en el acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria que acordó el ministro de Economía, Sergio Massa, con autoridades de Estados Unidos a fines del año pasado. 

La iniciativa convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Otro aspecto que introduce el proyecto es la ampliación de la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que proceden en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

Las intervenciones 

En el arranque del encuentro, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Mónica Litza (Frente de Todos), ponderó que se esté avanzando en "un tema tan importante para la Argentina, no para un gobierno, y también para la comunidad internacional, porque estamos hablando de delitos globalizados", los cuales "requieren una actualización de la normativa a los estándares internacionales".

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (PRO) valoró el hecho de que el oficialismo haya aceptado trabajar en modificaciones respecto del proyecto original del Poder Ejecutivo.

"Encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron incorporadas", destacó, aunque aclaró que en la sesión van a "insistir" con "dos o tres puntos" respecto de los cuales mantienen "disidencias".

En este sentido, el abogado macrista señaló que sería positivo avanzar en "modificar el procedimiento para la designación del titular de la UIF, de manera que sea más abierto, público y transparente".

"Sería bueno incorporar entre las atribuciones del organismo la facultad de querellar en causas penales que se inicien como consecuencia de investigaciones realizadas por el propio organismo", expresó sobre otro de los cambios que le gustaría introducir al dictamen del oficialismo.

A su turno, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) reconoció "el trabajo de búsqueda de consensos que hizo la diputada Litza durante todo este tiempo", pese a lo cual anticipó que presentaría un dictamen de minoría por discrepancias en la redacción de algunos artículos.

"Debemos exigir que la UIF tenga un comportamiento frente a la corrupción, porque vimos cómo la UIF de este Gobierno declinó formar parte cuando ya estaba dentro de la causa", apuntó la legisladora del Interbloque Federal al hacer referencia a que el organismo se retiró de la querella en la causa Vialidad, por la cual fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En representación de la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade enfatizó "el diálogo y los esfuerzos que todos han hecho" para afinar la redacción de los dictámenes, pero explicó que habían diferencias importantes que impidieron consensuar. 

Según planteó, con el proyecto del oficialismo la UIF "se va a mantener como un brazo de los gobiernos y nosotros lo que queremos es que esta discusión conduzca a la reformulación de un organismo que quede exactamente en línea con las exigencias del GAFI".

"Nosotros estuvimos en la lista gris justamente por tener un organismo politizado y que no ha hecho lo que debió hacer, cuando nosotros tenemos que repensar el organismo en términos estrictamente técnicos", enfatizó.

Para Frade, "el modo de designación de las autoridades y las obligaciones de las autoridades no puede ser materia de una legislación laxa, confusa y abierta como está ahora".

"No entiendo por qué el oficialismo no accedió (a los cambios) si quiere la autonomía como dice", protestó la representante de la Coalición Cívica.

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Los cambios al dictamen de mayoría

Litza mencionó uno por uno las modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo, entre los cuales se refirió al aumento del monto de condición objetiva de punibilidadpara el lavado de activos en el artículo 303 del Código Penal, que pasará de 300.000 pesos a 8.600.000, y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

En tanto, se incluye un nuevo tipo penal para el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306 del Código Penal; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar “el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI”, explicó.

En cuanto al funcionamiento de la UIF, "se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades".

Además se aclara que los abogados que se sumen como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas "no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación".

"Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas", acotó Litza.

Con respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además se prevé la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de ejercer un control político y parlamentario.

A su vez, se contempla la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, con el objeto de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión.