En respuesta a una exigencia que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había planteado al Gobierno como condición para cerrar el acuerdo por la deuda externa, el presidente Alberto Fernández envió hoy a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para conferirle autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que investiga el lavado de activos.

La iniciativa apunta a crear la Unidad de Información Financiera (UIF) “como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.

Introduce modificaciones en la legislación vigente, elevando las sanciones a los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Por otra parte, se incluyen como sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas que operen con activos virtuales, con foco especial en el mercado de criptomonedas.

"Se realiza un reordenamiento del elenco de sujetos obligados, organizándolos por sector financiero (Instituciones Financieras), Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y sujetos obligados no incluidos en el estándar internacional", explica el proyecto.

Con esta reforma, el Gobierno busca evitar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) coloque a la UIF en la lista gris que incluye a jurisdicciones "bajo monitoreo intensificado".

La Argentina estuvo incluida en esa lista entre 2009 y 2014, durante la presidencia de Cristina Kirchner.