A poco de haber asumido el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei, ya comienzan a hacerse visibles las demandas corporativas de sectores influyentes como el sindicalismo y el agro, que parecen marcar el tono de la relación que establecerán con la flamante gestión durante los próximos años.

Luego de que Milei impulsara un ambicioso mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que incluye más de 300 reformas regulatorias, entre ellas varias que modifican leyes laborales, la CGT salió a convocar de manera inmediata a un paro general con movilización para el 24 de enero próximo.

Se trata de una clara señal de desafío de la central obrera más importante del país a las políticas del novel gobierno libertario de Milei, en un aspecto sensible como las relaciones laborales en el inicio de la gestión.

Pero no solo los sindicatos parecen dispuestos a plantar batalla. En el sector agropecuario, de gran influencia económica y política en la Argentina, también hay expresiones de rechazo.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó con dureza una reciente resolución del Banco Central que “perjudica” a los productores de soja que retienen sus granos, al encarecerles el crédito.

Pino calificó la medida como “discriminatoria”, “un atropello” y “un castigo” para el campo, poniendo en evidencia las tensiones tempranas con uno de los pilares productivos del país.

Con la CGT y la SRA, dos actores corporativos de enorme peso, exhibiendo posiciones de enfrentamiento con las primeras medidas del gobierno de Milei, queda en evidencia que su plan de reformas estructurales deberá sortear fuertes obstáculos y resistencias sectoriales en los próximos años.