Desde la AFA y algún sector del gobierno que todavía apoya a Claudio Chiqui Tapia la estrategia parece clara: sacarle la causa al fiscal Eduardo Taiano para dilatar la investigación sobre los dos contratos más importantes que se firmaron durante la gestión del ex dirigente de Barracas Central para ceder sus derechos digitales del fútbol argentino y manejar los amistosos de la Selección y los centros de entrenamiento.

Tras las denuncias de Graciela Ocaña, que citó a Tapia al Congreso para que explicara algunos puntos oscuros en la letra chica de los contratos, la Justicia comenzó a investigar las irregularidades denunciadas por la diputada y un supuesto pedido de dádivas de otro dirigente del riñón de Tapia para celebrar uno de los convenios.

El más difícil de justificar para Tapia será el que firmó con Carlos Varela, un viejo amigo del Ceamse y Barracas Central, un “socio” que de la noche a la mañana modificó la razón social de una de sus empresas para dar con el perfil que buscaba la AFA y consiguió convertirse en el “agente digital” exclusivo de la entidad. Un contrato en el que están en juego cifras siderales teniendo en cuenta que la Selección cuenta con figuras de la talla de Lionel Messi y el Kun Agüero, tan potentes en las redes como dentro de la cancha.

¿Qué fue a buscar la Justicia a la AFA el 13 de mayo? Según se desprende de la investigación, lo que se trató de establecer con el secuestro de la documentación es dilucidar si se cometieron los supuestos delitos de “defraudación, administración infiel y lavado de activos”. Los dos primeros recaerían en el accionar de Tapia y los integrantes del Comité Ejecutivo y el supuesto lavado a un dirigente, también de Barracas Central,  que habría solicitado una dádiva para garantizar un acuerdo. Ocaña también quiere saber por qué “la AFA sigue siendo rica y los clubes pobres y en cuánto podrían verse perjudicados” por estos convenios.

En la denuncia que se presentó en una primera instancia ante el fiscal Guillermo Marijuan, también se menciona una supuesta operación realizada por un dirigente con responsabilidad en los seleccionados de Futsal en AFA.  Los denunciantes aseguran que este dirigente de la mesa chica de Tapia, habría solicitado un "adelanto como muestra de buena fe", en dólares, para avanzar en la firma de un contrato por la "utilización de la imagen de los seleccionados nacionales".

Este dato es clave para el futuro de la causa porque en los hechos que está investigando la justicia podrían encuadrarse varios delitos de competencia federal. Como el lavado de activos que es de exclusiva competencia de ese fuero, tal como lo estableció una resolución del 2013 de la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

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Después del desaire de la Conmebol con la AFA, que le quitó la Copa América a la Argentina para llevarla a Brasil donde la situación epidemiológica no es muy diferente, Tapia volvió a perder apoyo en el Gobierno. A pesar de sus intentos para mantener la organización de un evento hubo muchas desprolijidades en la comunicación y sin anestesia avisó en las redes un domingo por la noche que la Copa no se jugaba en la Argentina cuando en el gobierno tenían la certeza de que el anuncio lo haría Alberto Fernández al lunes siguiente.

La estrategia de Tapia será entonces sacar la causa de Comodoro Py. Fuentes de la AFA sugirieron que cuando se presente ese escenario podrían plantear una “cuestión de competencia” porque sostienen, básicamente, que la AFA es una entidad civil, que no maneja fondos públicos y que ninguno de sus directivos reviste el carácter de funcionario. Y que, en tal caso si hubo delitos graves como el lavado de activos, fueron cometidos por personas y no por la entidad.  

Mientras tanto en el fuero federal se analizan los dos contratos más polémicos de la era Tapia. Uno sobre la explotación de los derechos de imágenes no tradicionales, entre ellos TV digital, redes sociales, sitios on-line, agrupados bajo la nomenclatura de "derechos digitales".

El fiscal busca establecer quiénes son realmente los dueños de esas empresas y qué relación tienen con la actual conducción de la AFA.  En especial, Taiano apunta a profundizar la determinación de la composición accionaria de la empresa Metro World Digital, que accedió a esos servicios de explotación de imágenes no tradicionales en 2018.

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La diputada nacional Graciela Ocaña, impulsora de otra de las denuncias, subrayó un presunto vínculo entre Metro World Digital con Carlos Varela, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia a través de empresas recolectoras de residuos y del club del ascenso donde se forjó. Varela accedió a la presidencia de Barracas Central cuando Tapia asumió como presidente de la AFA y además es dueño de la empresa Transur, una recolectora de residuos que controla la actividad en el norte del conurbano bonaerense.

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El otro contrato bajo investigación es el que la AFA suscribió con World Eleven, cuyo titular, Guillermo Tofoni, ya había trabajado en el pasado en la agenda de partidos del seleccionado mayor y ahora accedió a la organización de los amistosos hasta el año 2030. Taiano dispuso, además, un exhaustivo análisis de los contratos para determinar si sus cláusulas podrían ser perjudiciales para la AFA. 

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La investigación está delegada en la fiscalía y el juez ya no es Ariel Lijo sino Sebastián Casanello, quien subroga de manera el juzgado federal número 12, donde está radicado el expediente.

Al presidente de la AFA y sus abogados les va a resultar difícil mover la causa de este fuero por la investigación del supuesto lavado, Sobre todo por la estrechísima relación que tienen el denunciado con Tapia, que sigue perdiendo apoyos y poder entre la dirigencia del fútbol y la política.  

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