La defensa de Sebastián Ariel Rodríguez, un linyera condenado a 50 años de prisión como supuesto integrante de la banda que intentó tomar una comisaría de San Justo para rescatar a un narcotraficante y dejó parapléjica a una oficial, reclamará su inocencia el próximo martes. Es apoyado, entre otras entidades humanitarias, por el CELS e Innocence Project, la organización internacional que brega contra las condenas injustas.

El 30 de abril de 2018, un grupo de personas que simulaban ser policías irrumpió en la comisaría a sangre y fuego para rescatar a Leandro David Aranda, un presunto narcotraficante detenido en el lugar.

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Por ese episodio, Rodríguez (otros tres acusados) fue condenado a 50 años de cárcel, pero su defensa, a cargo del penalista Fernando Sicilia, asegura que no sólo no participó en los hechos sino que no estuvo ni cerca del lugar y no conoce al resto de los imputados.

“Rodríguez es un linyera que dormía en vehículos abandonados al costado de la Autopista Richieri, pero la Justicia no quiso oír a los testigos que así lo acreditaban. No tenía vínculos con los otros imputados, era adicto al paco y usa bolsa de colostomía. Los otros condenados, incluido Aranda, dijeron que no lo  habían visto nunca”, explicó Sicilia.

El caso fue recogido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por la filial argentina de Innocence Project –representada por el ex fiscal Manuel Garrido-que ya obtuvo la absolución en la Corte Suprema de Fernando Carrera, condenado injustamente por el episodio conocido como “la masacre de Pompeya”.

La organización presentó un escrito como “amicus curiae” (amigos del tribunal) reclamando por la inocencia de Rodríguez. La condena en su contra -dictada por los jueces del tribunal oral número cuatro de La Matanza Franco Fiumara, Pablo Gayol y Nicolás Grappasonno-  se basó sobre el reconocimiento de un testigo que se hallaba en una parada de colectivos cercana a la comisaría.

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Sin embargo, y pese a que había cámaras de seguridad en la zona, no fueron pedidas durante la investigación y el reconocimiento hecho a través de un identikit no coincide con los rasgos fisonómicos de Rodríguez. Menos aún, el testigo reconoció que tomó el colectivo en esa parada media hora antes de que el grupo violento irrumpiera en la comisaría.

Rodríguez fue condenado por tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de la seguridad pública y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego, portación ilegal de arma de guerra y evasión en grado de tentativa.

La sargento Alejandra Rocío Villareal, una de los cuatro policías que estaban en la seccional, recibió dos balazos que pusieron en riesgo su vida y la dejaron parapléjica.

El abogado Sicilia aseguró que Rodríguez no participó de los hechos y denunció que el tribunal oral rechazó “realizar medidas de prueba que lo demuestran”, argumentando que no habían sido propuestas oportunamente.

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Escuchas telefónicas en el marco de la investigación mostraron que los atacantes de la comisaría hablaban con un tal “Seba”, que para la Justicia es Rodríguez. Sin embargo, el tribunal se negó a ordenar un peritaje de voz que muestra que el registro de Rodríguez no tiene nada que ver con el audio captado por la grabación.

El martes próximo, la Cámara de Casación bonaerense escuchará los fundamentos de las partes y luego resolverá si confirma o revoca la sentencia a medio siglo de prisión.

Rodríguez, de 42 años de edad al ser detenido, “fue condenado a muerte por un hecho en el que no tuvo ninguna participación”, aseguró su defensa.