Uno de los empresarios acusados por estafas con supuestos proyectos inmobiliarios en Puerto Madero tiene dos causas abiertas en la Justicia penal y está cumpliendo actualmente una probation en un expediente por explotación de la prostitución.

Se trata de Bruno Lorenzo Secolare, uno de los denunciados por requerir el aporte de inversores particulares,  quienes lo terminaron denunciando junto con otros integrantes de su familia.

Fuentes vinculadas con la investigación explicaron que Bruno Lorenzo Secolare, Héctor Guillermo Secolare, y María Teresa Rebori “simularon ser desarrolladores inmobiliarios en Puerto Madero y recaudaron unos US$5 millones”.

Los tres imputados afrontan procesos penales por “estafa” y “defraudación en dos juzgados diferentes: el penal de Instrucción número dos, a cargo del juez Manuel Gorostiaga, y el número 28, del juez Martín Del Viso.

Bruno Secolare, además, fue acusado de formar parte de una organización “dedicada a la explotación de prostitución de mujeres por parte de clientes de altos recursos económicos catalogados como vip”, que utilizaba como pantalla “el emprendimiento de nombre de fantasía ‘We Love It’ dedicado a producciones artísticas”.

“Al menos desde el mes de febrero de 2015 hasta el 25 de mayo del mismo año captaba y ofrecía  mujeres que luego serían prostituidas, hechos que se consumaron al menos en dos oportunidades”, sostenía la acusación con que la causa llegó a la etapa de juicio ante el Tribunal Oral Federal número dos.

En octubre de 2022, Secolare y otros imputados fueron beneficiados con una “probation” por un año, en un fallo unipersonal firmado por Jorge Gorini, uno de los jueces que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad.

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La probation (con la que evitó una eventual condena) implica –pues aún está vigente- “someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y realizar, a razón de ocho horas mensuales, en un total de 96 horas, trabajos no remunerados en la Fundación Esperanza Viva”.

Fuentes judiciales mencionaron una causa anterior, del año 2014, por “lesiones”.

Los nuevos expedientes judiciales tuvieron su origen en denuncias por inversiones inmobiliarias -nunca concretadas a través de la captación de inversores desde una lujosa oficina ubicada en el barrio porteño de Puerto Madero, en la que se habrían recaudado más de US$5 millones.

Estas personas, que se presentaban como emprendedores solventes, solicitaron la apertura del concurso preventivo personal en la Justicia Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para así licuar las sumas que le fueran dadas en préstamo y concretar la operatoria fraudulenta.