El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a un comisario de la Policía de la Ciudad acusado de haber protegido a la patota que en 2016 invadió las instalaciones del diario Tiempo Argentino y de Radio América para destrozar sus equipos y evitar que continuaran con sus tareas periodísticas.

El fallo benefició al comisario Jorge Guillermo Azzolina, quien en 2019 lo había procesado por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de las comunicación y hurto”, pero ahora –a instancias de la Cámara Federal- cambió de opinión y lo sobreseyó aclarando que la investigación “no afectó su buen nombre y honor”.

“Si bien los relatos efectuados por los damnificados y por el personal del diario y la radio, como así también los descargos efectuados por algunos de los imputados fueron claros al señalar la presencia de personal policial en la puerta del edificio y su connivencia en la usurpación investigada, lo cierto es que todas las medidas de prueba ordenadas a fin de logar la individualización de dichos efectivos policiales arrojaron resultado negativo”, justificó Martínez de Giorgi.

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Pese a que uniformados admitieron haber estado en el lugar, el juez contrapuso que “la geolocalización de los móviles policiales con que contaba dicha dependencia a los efectos de confirmar o no la versión brindada por las víctimas en cuanto a que al momento de la intrusión (…) resultaron negativas”, dice el fallo.

Azzolina, según la acusación fue quien le brindó al empresario Mariano Martínez Rojas –quien decía haberles comprado el diario y la radio a Sergio Spolski y Matías Garfunkel, cuando abandonaron el Grupo 23 y a sus trabajadores- los datos de una empresa de seguridad que conformó la patota que invadió el edificio en el que funcionaban ambos medios.

Azzolina estaba sospechado de haber contactado a Martínez Rojas con Juan Carlos Blander, dueño de una empresa de seguridad privada que proveyó a los integrantes del grupo que ingresaron por la fuerza al edificio de la Calle Amenábar 23 en la madrugada del 4 de julio de 2016, con la pasividad y la colaboración de personal policial.

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Sin embargo, el juez Martínez de Giorgi consideró que “pese a todas las medidas dispuestas con el objeto de obtener elementos de convicción que permitan individualizar a los efectivos policiales que participaron de los hechos investigados, no se logró reunir pruebas que permitan dirigir imputación alguna al respecto”.

Menos aún: respecto de Azzolina, el fallo sostiene que “el cuadro probatorio reunido resulta insuficiente para validar la participación en los hechos investigados de quien en aquel momento resultaba titular de la dependencia”.

“Si bien en un primer momento se resolvió ordenar el procesamiento sin prisión preventiva, las nuevas medidas de prueba (…) debilitan la imputación que se le dirigiera. Por ello, corresponde ordenar su desvinculación definitiva del presente proceso penal”, sostiene el fallo. “No resultó posible determinar, siquiera con el grado de probabilidad requerida para esta procesal, la participación de Azzolina en el hecho”, se corrigió el juez.