La Cámara Federal de San Martín apartó a la jueza Sandra Arroyo Salgado de una investigación sensible en el fútbol que salpica a varios clubes por presuntos delitos de lavado de dinero.

Se trata de una investigación por maniobras de lavado en el pase de jugadores donde además eran apuntados varios representantes, entre quienes se destaca la figura del empresario Uriel Pérez Jaurena. Este trabajaba para varios jugadores como Enzo Fernández, Federico Mancuello, Domingo Blanco y Andrés Roa, entre otros. 

En el marco del expediente se había allanado la AFA, Racing, Independiente, Gimnasia y Esgrima La plata, Unión, entre otros. También se había hecho un operativo por pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez en las oficinas de Pérez Jaurena en Avenida del Libertador  650 en Olivos. 

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La sospecha es que se cometió lavado de dinero producto de la evasión tributaria en el pase de jugadores de fútbol y que involucra a Argentina, Brasil, México y Uruguay. 

Pérez Jaurena es un ex jugador de fútbol que luego pasó a representar jugadores y en la causa su abogado es Marcelo Rocchetti.

Justamente fue el abogado Rocchetti quien pidió apartar a la jueza Arroyo Salgado y él argumentó que tenía “enemistad” para con él porque él era amigo personal del fallecido fiscal Alberto Nisman, ex pareja de la magistrada y con quien había roto en malos términos una relación sentimental. 

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La recusación había sido rechaza por la jueza Arroyo Salgado y ahora sí hizo lugar a la misma la Cámara Federal de San Martín, con la firma de Alberto Lugones, y ahora se designó como nuevo magistrado a cargo de la causa a Lino Mirabelli.

En su fallo, la Cámara Federal de San Martín invoca argumentos propios para apartar a Arroyo Salgado y da por comprobado que existe “temor de parcialidad” por parte de ella.

Entre algunas irregularidades señaladas por el Tribunal está que Arroyo Salgado impuso medida cautelar sobre el empresario y su pareja sin argumento, que sólo centró la investigación en su persona, y que alguna documentación de la causa no la cargó en el sistema y evitó que la defensa pueda ver el expediente, y por último una irregularidad en cuanto a la habilitación del horario para allanar las oficinas de Pérez Jaurena.