La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, imputó a las ocho personas que fueron detenidas en el marco de la causa que investiga el secuestro de un hombre por cuyo rescate se exigía el pago de una deuda de drogas.

La magistrada imputó a Horacio Erik Chauqui, Cristián Martínez, Micaela Riquelme, Daniel Llanos, Emanuel Yamil Arjona, Aurelio Florentino Maldonado, Carlos Gustavo Lozano y Roy Carlos Choque Aguirre por el delito de secuestro extorsivo, agravado por el número de intervinientes y las lesiones gravísimas causadas a la víctima.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la imputación fue a pedido de la fiscalía interviniente y en la misma audiencia, la magistrada dictó la prisión preventiva de todos los acusados ya que consideró que "son fehacientes los riesgos de fuga y entorpecimiento esgrimidos por el fiscal" y coincidió "en la gravedad extrema del hecho, que se vio plasmada en la violencia de parte de los imputados".

El fiscal pudo determinar que para llevar adelante el secuestro, tres de los acusados (Choque Aguirre, Lozano y Llanos) llegaron a Salta procedentes de Bolivia.

De acuerdo con la investigación, Choque Aguirre, de profesión ingeniero ambiental, llegó a la capital provincial y en seguida coordinó con el resto de los acusados el rapto de un hombre que cumplía una condena de 4 años y 6 meses de prisión por un hecho de narcotráfico bajo la modalidad de arresto domiciliario.

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La elección de la víctima, según lo referido en la audiencia, se debió a la relación de parentesco con otro familiar, con quien los acusados tenían una cuenta pendiente por un negocio de drogas, motivo claramente expresado como condición para el rescate.

El secuestro ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando la víctima estaba en su casa comiendo un asado con otros familiares. En ese contexto, aparecieron varias personas encapuchadas que se presentaron como policías y se lo llevaron.

A la hora de ocurrido este episodio, los familiares de la víctima recibieron un video en el que aparecía la víctima golpeada y se veía como uno de los captores, con una pinza, le arrancaba la uña del dedo meñique de la mano derecha y le daba golpes.

En un mensaje siguiente, vía WhatsApp, pedían que otro familiar hiciera entrega de un dinero, que la plata tenía que “aparecer”.

Según indicó el fiscal, los imputados también fueron intimidantes para que no diera intervención a la Policía, ya que anticiparon que eso agravaría la situación del hombre secuestrado e incluso de otros integrantes de la familia.

Sin embargo, al día siguiente, la familia hizo la denuncia y tras una seria de investigaciones, la Policía llegó hasta una vivienda del barrio Santa Rita II, en la zona sur de la ciudad, donde irrumpieron y redujeron a siete de los acusados y hallaron a la víctima debajo de una cama.

El hombre presentaba gravísimas lesiones, fue asistido de inmediato y le contó a los investigadores que sus captores le pedían una y otra vez que aportara información de un tío, pero que, como tiene varios, no sabía a quién se referían, y reconoció que el reclamo era por un asunto de drogas, ya que siempre hicieron alusión a eso.