Nueve integrantes de una banda narco conocida como "Los Marola" que operaba en el barrio "Padre Rodolfo Ricciardelli", en el Bajo Flores porteño, fueron procesados con prisión preventiva.

El juez Mariano Iturralde dictó la medida contra el líder y ocho integrantes de la organización y también les trabó embargos de entre 300 mil y 2,5 millones de pesos, en el marco de la causa llevada a cabo por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE).

Según publicó el portal del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la banda se dedicada al narcomenudeo y a otros hechos violentos en el barrio "Padre Rodolfo Ricciardelli" en el Bajo Flores.

La medida alcanza a seis hombres y a tres mujeres a quienes se les imputa, con distintos grados de participación, los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas simples y agravadas -por compeler a una persona a dejar su lugar habitual de residencia y por el uso de armas-, acopio de piezas y municiones de armas de fuego sin la debida autorización legal, lesiones leves, atentados contra la autoridad agravados, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y robo agravado por su comisión en poblado y en banda.

En abril pasado, el auxiliar fiscal de la PROCUNAR Matías Álvarez y la fiscal Silvana Russi, conformaron un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con la UFEIDE, a cargo de Cecilia Amil Martín, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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La medida estuvo fundada en que en el fuero nacional en lo criminal y correccional tramitaban una causa por asociación ilícita y diversas por amenazas coactivas y lesiones, al tiempo que en la justicia local de la ciudad se investigaba la venta de drogas al menudeo, conforme la competencia desfederalizada.

En este contexto, se logró individualizar a un grupo de personas que comercializaba estupefacientes al menudeo en el territorio comprendido entre la Avenida Bonorino y las calles "10", Ana María Janer, Charrúa y un pasaje sin nombre del barrio Ricciardelli.

De acuerdo con la investigación, la banda, que estaba bajo el liderazgo de un hombre apodado "el intendente" y que integraban miembros de su familia y otras personas, portaba armas de fuego y coaccionaba y agredía físicamente a las y los vecinos del lugar, para quedarse con sus propiedades y establecer allí "búnkeres" para comercializar la droga, o para evitar ser denunciados.

También apelaban a la violencia para asegurar su hegemonía territorial frente a otras organizaciones rivales o para repeler el eventual accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

La investigación se había iniciado el 5 de junio de 2022, por un caso de flagrancia, y en la que se investigaba el accionar de dos hombres que dispararon, desde una motocicleta, contra la vivienda de una mujer en el Barrio Illia.

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Uno de los sospechosos huyó, pero el otro ingresó en una vivienda del barrio Padre Ricciardelli, y al ingresar al lugar, las fuerzas de seguridad encontraron 545,7 gramos de marihuana y 77,7 gramos de cocaína, acondicionados en 151 y 261 envoltorios, respectivamente, listos para su venta.

Por ese hecho, el líder de la organización y otras 33 personas fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las tareas encomendadas a la Gendarmería Nacional dieron cuenta del poderío de "Los Marola" en la zona, y a esto se sumaron seis investigaciones que tramitaron ante la justicia nacional en lo criminal y correccional, que dieron cuenta de la estructura de la banda y su metodología de amenazar, amedrentar y, en algunos casos, lesionar a los habitantes de la zona -en muchos casos, mujeres solas- para usurpar sus inmuebles, como también su violento accionar para evitar la presencia de bandas rivales o la actividad preventora de las fuerzas de seguridad.

En base a las pruebas colectadas y en línea con lo requerido por la fiscal Russi y el auxiliar fiscal Álvarez, el juez Iturralde dispuso el procesamiento con prisión preventiva del líder de la organización, su pareja, sus cuatro hijos y otros tres miembros de  la banda.

Todos los sospechosos en la causa están acusados con distintos grados de participación en los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas simples y agravadas -por compeler a una persona a dejar su lugar habitual de residencia y por el uso de armas-, acopio de piezas y municiones de armas de fuego sin la debida autorización legal, lesiones leves, atentados contra la autoridad agravados, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y robo agravado por su comisión en poblado y en banda.