A mediados de 2006, Marcelo Macarrón se dirigió a la calle Moreno 1453 de la localidad de Río Cuarto, Córdoba, e ingresó por la puerta principal. En ese lugar se encontraba el domicilio de Profas SA, una empresa dedicada a la vigilancia privada e investigación.

El hoy viudo de Nora Dalmasso habló con Mario Federico Olmedo, uno de los empleados de la firma, a efectos de contratarlo en el marco de un trabajo muy particular. "Necesito que sigas a mi mujer", le dijo Macarrón, para después acordar el monto a cobrar por el trabajo.

Horas antes, había ocurrido un hecho que casi no trascendió a los medios: Dalmasso le había pedido al médico que le conceda el oportuno divorcio. "Primero tenemos que arreglar algunas cosas, no olvides que lo que tenemos no nos pertenece por completo", dio Macarrón, refiriéndose a algunos bienes que, si bien estaban a nombre de él, pertenecían a terceras personas.

"No hay nada que arreglar, son bienes gananciales y el 50 por ciento es mío", dijo ella cortando la conversación y amenazando con contar todo "lo que sabía". La discusión fue confirmada a este periodista por la madre de Dalmasso, Nené Grassi. Pero la Justicia no creyó conveniente investigar aquella hipótesis y es probable que ello haya influido para que esta semana Macarrón terminara exculpado de culpa y cargo.  

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La pista de De La Sota

Nora Dalmasso fue encontrada asesinada la tarde del domingo 26 de noviembre de 2006. Yacía desnuda en el dormitorio de su hija, en la casona del barrio Villa Golf ubicada en la calle 5 número 627, de Río Cuarto, a 230 kilómetros al sur de la capital provincial.

Estaba sola en el domicilio familiar por ausencia de sus dos hijos y su esposo. Este último había viajado a la ciudad uruguaya de Punta del Este para participar de un torneo de golf, el cual terminó ganando. Según el resultado de la autopsia, el asesino habría dejado marcas de sus dedos en el cuello de la mujer, a quien asfixió por compresión manual, además de haberla estrangulado con el lazo de su bata. 

Los primeros comentarios apuntaron a un supuesto juego sexual que se le habría ido de las manos al asesino, pero pronto se supo que esto no fue así. "La versión fue echada a correr por los mismos interesados en desviar la investigación y los medios cayeron como chorlitos", dijo a este periodista en aquellos días un importante abogado de Córdoba que conoce la trastienda del caso. 

"Hubo tres o cuatro tipos que manejaron toda la data que se dio a los medios y a esos hay que investigar, ya que hicieron desviar la atención de lo realmente importante y hasta influyeron en el expediente judicial. Uno de ellos es Daniel Lacase, demasiado interesado en perder tiempo en hipótesis imposibles mientras los bienes de Macarrón pasaban a otras manos y se limpiaban algunas cuentas", añadió el sabueso con gran fastidio.

Lacase, vale aclararlo, fue el primer vocero y abogado del médico ahora exculpado por la Justicia. Y debió renunciar luego de que se conoció que ostentaba estrechos vínculos con el "delasotismo" cordobés. 

En aquellas jornadas, cuando recién se iniciaba el expediente judicial, en las calles de Río Cuarto se mencionaba el crimen de Dalmasso como un "vuelto" de la políica, con el foco puesto justamente en la figura del ex gobernador José Manuel De la Sota, quien fallecería 11 años después del asesinato en cuestión, en septiembre de 2018. 

Parte de esa trama la introdujo Alberto Bertea, exsecretario de Seguridad de Córdoba, sin más aporte que su propio testimonio. Lo dijo en un principio y volvió a repetirlo en abril de este año, en sede judicial.

Allí pidió volver a poner en discusión las conexiones políticas detrás del asesinato de Dalmasso. Puntualmente, el otrora funcionario aseguró que hubo una participación de sectores del poder político para impedir el esclarecimiento del hecho.

Bertea es un dirigente del justicialismo cordobés que fue designado como secretario de Seguridad en el segundo mandato de De la Sota y que renunció tres semanas después del crimen de la mujer de Macarrón. Tras su defección, renunció también el ministro de Seguridad, Sergio Busso, y el fiscal General, Gustavo Vidal Lascano.

Este cronista tuvo la oportunidad de entrevistar en 2007 a los mencionados ex funcionarios, quienes revelaron que, a horas de haber aparecido el cuerpo sin vida de Dalmasso, De la Sota pidió a un policía de su confianza llamado Juan Dómine que iniciara una “investigación paralela” sobre el crimen. 

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Se trata de un "uniformado" que cobró relevancia cuando su nombre apareció, en mayo del año 2000, en medio de un complot contra el entonces fiscal de Villa Carlos Paz, Carlos Matheu, quien investigaba una red de prostíbulos en esa ciudad turística, presuntamente protegidos por lo más selecto de la política cordobesa.

No es todo: el propio legislador de Juntos por el Cambio Luis Juez aportó sus propias sospechas en esos días, al acusar al ex gobernador de Córdoba de haber mandado a detener a un "perejil", un pintor llamado Gastón Zárate, quien fue demorado y posteriormente liberado por falta de pruebas.   

"De la Sota, cuando dio la orden de que detuvieran a este perejil, a este albañil, nunca pensó que la sociedad recoleta, la sociedad de clase media de Río Cuarto se iba a movilizar ante tamaño acto de injusticia", sostuvo Juez en declaraciones a Radio 10 en 2007.

Ello provocó un tembladeral, porque: ¿Cómo es que un gobernador podía dar órdenes a la Justicia? ¿Y la división de poderes? Más aún: ¿Por qué De la Sota querría influir en aquel expediente judicial?

Las preguntas se fueron acumulando al paso de los meses, pero nadie se mostró dispuesto a responderlas. Hubo incluso un periodista cordobés, Hernán Vaca Narvaja, que se animó a publicar un libro llamado "Las 4 muertes de Nora Dalmasso", donde dejó expuestas las mismas sospechas.

"El asesinato tuvo más que ver con el círculo del poder en Río Cuarto, donde vive el gobernador José Manuel de la Sota, que con amantes despechados", dijo en su momento el colega. Y ello le valió un juicio por parte del otrora gobernador. 

La justicia actuó muy rápidamente en ese caso, y decidió condenar al periodista. Fue el preludio inevitable de lo que vino luego: la absolución de Macarrón y la motorización de la impunidad judicial.