La entrega de 6 hectáreas y espacios bajo tribunas del Jockey Club San Isidro reúne incumplimientos en el proceso licitatorio de acuerdo a un informe dado a conocer por los socios y “podría ser una decisión ilegal”.

El grupo de socios que se opone a la entrega envió una carta donde se señala que “nuestro pedido está avalado por el resultado de consultas realizadas a socios con dilatada experiencia en desarrollos inmobiliarios y a abogados expertos en procesos licitatorios”.

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Los socios que se oponen al manejo de Juan Mariano Villar Urquiza, titular del Jockey Club, siguen juntando firmas para evitar que en la convocatoria de la asamblea general extraordinaria, para el 29 de junio, no se avance en la concesión de las tierras.

Los informes presentados por la consultora SMS (San Martín, Suárez y Asociados) y por el Estudio Beccar Varela, firmas contratadas por la Comisión Directiva para este tema efectuaron un agregado con un documento llamado “Anexo I”, en el que se detallan los fundamentos del pedido contra la licitación.

“Adjudicarla podría ser una decisión ilegal e ilegítima”, afirman en la misiva. El Anexo con los “incumplimientos verificados” está dividido en las áreas precios, plazo, garantías y requerimientos.

Con relación al precio, el informe indica que “no aclara a qué período corresponde el monto ofrecido” y que “no define taxativamente que el monto definido anteriormente corresponde a un valor mensual”.

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La consultora señaló que frente a la consigna período, en el pliego “no se expresa el plazo total del Contrato de Locación Propuesto” y frente a las “garantías”, el documento manifiesta que “sólo aportó manifestación de interés de Galeno Seguros de acompañar a Global Investments con las garantías relacionadas a la Licitación, sujetas a la presentación y análisis de las contragarantías”.

Y en la parte de los requisitos a cumplir por el adjudicatario, “no presentaron toda la documentación que se detalla en el Capítulo VII (referidas a información legal y contable del oferente)”.

Si los socios logran sumar los votos necesarios, el “plan Villar Urquiza” podría naufragar y debería buscar fondos en otro lugar para cubrir las cuentas.