El centro de estudios Cato Institute publicó, de forma reciente, una línea de tiempo sobre la evolución del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, para demostrar que si bien puede parecer una idea nueva, este poder de las familias data de varios siglos, tanto en la teoría como en la práctica.

Desde 1780, la Constitución del Estado de Massachusetts reconoce y promueve la educación privada y otros esfuerzos educativos comunitarios, disponiendo tierras para la creación de escuelas a organizaciones privadas, y ampliando las inclinaciones religiosas de las escuelas públicas para que todas tengan una oferta educativa.

En 1859, John Stuart Mill sostenía que los padres debían estar obligados a educar a sus hijos teniendo derecho de obtener la educación dónde y cómo quisieran.

Por su parte, el Estado debía hacerse a un lado de la gestión educativa, limitando su accionar a asegurarse que eso se cumpliese, además de financiar la educación de aquellos chicos cuyas familias no pudieran costearla. En el Estado de Vermont, por disposición constitucional, cada pueblo debía establecer una escuela.

Para 1869, la población había crecido tanto, que una institución no era suficiente para cubrir la demanda, pero en muchos casos el exceso de alumnos tampoco justificaba la creación de una nueva.

Ante esta situación, el Estado le dio a los padres de alumnos sin vacante la opción de costearles una escuela privada o enviarlos a una pública fuera de Vermont realizando una transferencia de fondos entre jurisdicciones por el costo equivalente a la educación del alumno.

Existen muchos otros ejemplos de leyes, mayormente estatales, que ilustran los diversos mecanismos para que los fondos públicos destinados a la educación lleguen directamente a los chicos y no los consuma la burocracia y la ineficiencia propia del Estado: vales educativos, créditos fiscales a cambio de donaciones, escuelas privadas no aranceladas, y otros.

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Dos grandes exponentes del liberalismo refuerzan la idea del derecho de los padres a elegir.

El economista Milton Friedman justificaba la obligatoriedad de la educación y su financiamiento público, pero sostenía que para que fuese "efectiva y exitosa", su provisión debía ser privada a través de vales educativos, redimibles únicamente en instituciones educativas a elección de la familia.

Así como en Estados Unidos, otros países, como Suecia, también decidieron implementar programas de libertad en elección educativa, financiando a los alumnos para que elijan la escuela, incluyendo las privadas.

La concepción del financiamiento de la demanda en la política educativa, busca financiar alumnos y no sistemas. La idea tiene fundamentos no solamente ideológicos, sino también racionales.

Desde una perspectiva doctrinaria, este sistema educativo devuelve el poder a los padres, quienes son los que mejor saben qué espacio educativo le conviene a sus hijos.

El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".

Ante todo, la Educación implica respetar la pluralidad de pensamientos y características de los alumnos.

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Una diversidad inherente a la sociedad que necesita ser representada en la escuela. Los sistemas educativos monopolizados por el Estado atentan contra esta pluralidad.

Los padres, al poder elegir la escuela a la cual enviar a sus hijos, generarán los incentivos correctos para que quienes dirigen las escuelas ofrezcan la mejor educación posible para atraer y retener a los alumnos, y así generar ingresos, como funciona cualquier escuela privada.

La implementación de un sistema de libertad de elección, que empodere a las familias y les entregue el poder de destinar sus fondos de forma directa para educar a sus hijos, es sin duda el motor que puede impulsar el cambio.

De esta manera, se modificaría el status quo del sistema educativo al quitarle poder a los sindicatos ideologizados, a los ministerios de turno que hacen política cortoplacista, y a las estructuras jerárquicas de las escuelas que no se animan a salir de la zona de confort.

El mejor momento para encarar una reforma es hoy. Posiblemente se avecina un cambio de Gobierno, lo que abre una puerta de oportunidades para intentarlo.

Por fortuna, en la Argentina las ideas de la Libertad se están abriendo paso en la sociedad, ofreciendo alternativas poco conocidas en nuestra sociedad, incluso en el ámbito educativo. Dar esta discusión, enriquece y vuelve más heterogénea una mesa de debate política oxidada y con falta de ideas.

(*) -  Marina Kienast es legisladora porteña por Republicanos Unidos.