La salud, ausente en la agenda política, quema en hospitales y sanatorios
Las disputas entre los financiadores del sistema tripartido y los prestadores, potenciadas por la desregulación, afectan a la cuota de la medicina comercial y la calidad de las atención.
El sistema de salud languidece, ahogado en su propia crisis, sin figurar en ninguna agenda política, ni social, ni tampoco su tratamiento fuera incluido por el Gobierno nacional entre los puntos del Pacto de Mayo.
Ni siquiera la sociedad manifestó tener la problemática entre las principales preocupaciones, según la última encuesta de Analogía, en la cual la corrupción, en primer lugar, y después el desempleo y la inflación se cortaron como las más citadas.
Sorpresivamente, Salud y Educación se movieron en baja en la ponderación ciudadana en los últimos meses.
La disputa central del sector, la que está en juego, se libra en el nivel de intermediación del recortado recurso, en el financiamiento, donde gerenciadores públicos, privados y sindicales tironean de la calidad del servicio.
Los fondos no llegan a destino y los prestadores de salud se sienten a las puertas de un colapso financiero, previo a la inviabilidad económica, que representaría como la muerte para las clínicas, sanatorios y consultorios.
Los dedos apuntan a la intermediación, sea financiera o regulatoria, que se intercala en la trama de la Seguridad Social, las empresas de medicina prepaga y la salud pública.
Estos subsistemas conviven de manera desintegrada, solapada o superpuesta, y sin una política de Estado clara que logre una coordinación eficiente desde hace muchas décadas, aducen.
Programa Médico Obligatorio
El alcance del PMO (programa médico obligatorio), sólo obligatorio para algunos agentes del sistema como las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, es uno de los factores en disputa dentro de un ecosistema que no está actualizado y se sobredimensiona las coberturas.
El tira y afloje, por razones no relacionadas con la calidad en las prestaciones médicas, ni con metas sanitarias, obedece mas bien a "consecuencia de lobbies relacionados a la industria y a posturas demagógicas de la clase política, las cuales profundizan la crisis actual del sistema de salud", sostuvo el secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF), el magister en Administración de Servicios de Salud, Juan M. Ibarguren.
De modo que varias prepagas decidieron adelantarse y anunciar incrementos superiores al nivel general de precios en agosto, ya fuera del alcance de la cautelar interpuesta por el Gobierno nacional, y anunciaron que subirán las cuotas entre el 4,9% y el 7,8%, en un contexto de inflación en baja.
Este sería el segundo mes consecutivo con alzas superiores a los índices inflacionarios, ya que en julio los incrementos rondaron entre el 7% y el 9%.
De hecho, desvincular esos incrementos tarifarios sin considerar la relación directa con la inflación constituye la primera reacción empresaria ante la desregulación en el sector.
A pesar de que los nuevos aumentos son generalmente inferiores a los de julio, las empresas los justifican en la necesidad de mantener la calidad del servicio y cubrir los costos operativos.
Aducen que la inflación en el sector de la salud es consistentemente superior a la del resto de la economía.
Este ajuste es posible tras la resolución judicial del 27 de mayo que dejó sin efecto la cautelar del gobierno, permitiendo la desregulación del mercado de las prepagas.
Los tres tigres en el plato de trigo
En el sistema de salud conviven, así, el público que atiende 16,5 millones, el de seguridad social (28 millones) y el privado, que cuenta con 6 millones de afiliados, de los que más de 4,5 millones provienen de derivaciones de las obras sociales, y el resto son directos, según la Oficina del Congreso de la Nación.
El presupuesto nacional para salud en el año asciende a $2.591.982,2, pero con la particularidad de que las provincias y municipios distribuyen la mayor parte de los recursos previstos en cada ejercicio.
Es un caso único en el mundo en que el financiamiento tiene tres fuentes: la estatal, la social y la privada.
La atención pública es utilizada por el 36% de ciudadanos, unos 16 millones de personas, que no tienen otro tipo de cobertura y con grandes diferencias en las prestaciones que reciben según las provincias.
El 61% de los ciudadanos está bajo el régimen de obras sociales y el 13,6% posee cobertura del régimen privado (existe un 10,4% de habitantes con más de una cobertura).
El 63% de los establecimientos de salud registrados son privados y el 97% de ellos, comerciales.
La Nación ocupa un rol subsidiario en la atención de la salud, lo cual se evidencia, entre otras cosas, en que el 95,7% de los nosocomios públicos son provinciales o municipales.
Las grandes diferencias de oferta entre jurisdicciones, la informalidad laboral y un régimen mixto, condicionado por normativas no siempre eficaces para su cometido, dificultan la existencia de un acceso a la salud equitativa e igualitaria.
Casos municipales
En el interior, por ejemplo, a finales de abril, gran parte de las clínicas de Rosario, Santa Fe y Rafaela recortaron el servicio a los afiliados de Iapos, producto del atraso en los pagos y el reclamo por una actualización arancelaria que, con la disparada de la inflación y la suba de costos, quedó relegada.
El diputado provincial del peronismo, Miguel Rabbia, recordó que durante 22 días se cortó la atención de los servicios programados para una obra social que da servicio a 600 mil santafesinos.
Si bien desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados aclararon que las prestaciones se fueron normalizando, advirtieron que algunos sectores, como el de los anestesistas, vienen evaluando la posibilidad suspender el servicio con Iapos.
"Los anestesiólogos son parte de los recursos humanos de los sanatorios. El paciente no tiene porqué pagar algo que Iapos ya está pagando", sostuvo el ministro Olivares.
“No es la situación de los sanatorios, que nos vamos a sentar a finales de julio para revisar la política arancelaria del segundo semestre, pero no vamos a tomar ninguna medida coercitiva”, adelantó Rodrigo Sánchez Almeyra, vicepresidente de la entidad a Rosario/12.
Para el referente de clínicas y sanatorios privados, “el sistema sanitario en este momento está sufriendo una gran crisis de financiamiento, porque obviamente los salarios se han quedado y son los que aportan al sistema. A eso se le suma un aumento desmedido de todos los costos médicos, sobre todo medicamentos e insumos, lo que generó un cóctel explosivo que lo estamos desarmando mes a mes".
Plantean que haya un piso de prestaciones anclado en el Programa Médico Obligatorio Nacional y garantizar la accesibilidad al sistema sanitario en las localidades del interior de la provincia, por medio de un número de prestador para cada efector público.
En Gualeguaychú, Entre Ríos, el subsecretario de Salud de la Municipalidad, Pablo Alfaro, en una entrevista difundida por Prensa Municipal, explicó que "desde los primeros días de diciembre a la actualidad la cantidad de atenciones (no de pacientes) se duplicó: Pasamos de 13.455 a 25.655. Esto no se debe a un cambio en el paradigma de la comunidad, no es que deja de asistir a los servicios de emergencia o al hospital para volcarse en el primer nivel de atención (CAPS). Tiene que ver con lo que hoy está sucediendo en el sistema de salud público y privado”, expresó el funcionario.
Médico pediatra, terapista intensivo infantil y médico aeroevacuador, egresado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con Diploma de Honor y actualmente cursando una Maestría en Salud, afirma haber podido avanzar sobre temas a los que considera prioritarios: primer nivel de atención y honorarios médicos.
Respecto a junio del año pasado, hubo un incremento de un 350, 400% de los honorarios. Además, se retiraron algunas formas de contrato.
Por ejemplo, estaba el programa de Médicos Comunitarios con muchas fallas en el sistema y en el cobro de esos honorarios. "Decidimos no seguir operando de esa manera y contratarlos directamente a través del municipio, con honorarios mejorados y en forma directa”, remarcó.
“Muchas personas que tienen obra social deben abonar un copago en un 40 o 50 % de los medicamentos, y se vuelcan a nuestros puntos de atención porque no llegan”, señaló.
“Después, de esas 25.000 atenciones, el 35% son de personas con obra social o prepaga. Por supuesto, las prepagas son menores. Y en este top ten de obras sociales tenemos primero a Iosper, PAMI y Osecac”, detalló. Han recibido “cero” peso de las obras sociales y prepagas, subrayó.
Presupuesto devaluado
Desde la comuna bonaerense de Morón, el secretario de Salud, Martín Latorraca, quien también es actualmente secretario ejecutivo del Consejo de Salud de la Provincia (CoSaPro), señaló que "el municipio amplió el presupuesto de salud, pero la devaluación y la inflación impactaron duramente en los insumos, de manera que ese presupuesto quedó por detrás de la realidad. Vemos venir un problema más adelante, en Provincia tienen una situación similar", sostuvo.
"Nuestra preocupación es cómo vamos a llegar a fin de año. Si bien es una época difícil para hacer cálculos por el factor estacional, vemos un gran aumento de demanda tanto en las guardias de los hospitales, tanto de adultos como pediátrico, como en los pedidos de turnos para especialistas", detalló.
"Todavía no lo tenemos cuantificado, pero muchos vecinos y vecinas, cada vez con mayor frecuencia, refieren que dejaron su servicio de medicina prepaga o perdieron la obra social por cambios en su trabajo y por eso acuden por primera vez al sistema público", remarcó.
Pero otra de las inquietudes en torno del sistema de salud que desgranó el funcionario es sobre el servicio en las clínicas privadas, que atienden tanto prepagas y sindicales como IOMA y PAMI, y cómo afectó la inflación a los presupuestos.
“Pasa exactamente igual en el sector privado, el panorama es muy complejo. También nos llegan pedidos de atención o de drogas de gente que tiene prepaga pero la misma empresa les cubre menos que antes o directamente no les cubre. Antes lo podían comprar con el descuento, ahora perdieron el descuento, no les alcanza y recurren a nosotros.Con el sistema al límite, como está hoy, la caída de cualquier actor generaría un colapso”, advierte.
La cinchada entre financiadores y proveedores de la salud resiente la calidad del servicio, según advierten desde CAMEOF, pero aún así el Estado nacional no pasó de la cautelar que congeló los aumentos por tres meses.
Transcurrido ese lapso, se corrió a un costado y es el usuario de un servicio esencial como la salud el que quedó expuesto a las consecuencias.
Discusión mundial
Es cierto que el financiamiento de la salud está en discusión en el mundo, con Europa como epicentro: aun así, un sistema como el suizo, totalmente privatizado con un seguro obligatorio de asistencia médica y sanitaria, protege a los asegurados en caso de enfermedad, accidentes y maternidad.
Con 50 cajas de enfermedad acreditadas por la Confederación que tienen la obligación de ofrecer el mismo seguro básico a todos los asegurados sin excepción (p. ej., el derecho a ser admitido como asegurado, la libre elección del modelo de seguro o la indemnización por servicios prestados).
Por consiguiente, todas las personas con domicilio en Suiza están obligadas a contratar un seguro básico con una caja de enfermedad de su elección.
El importe de la prima mensual depende del lugar de residencia, de la edad y del valor de la franquicia anual elegida, que para las personas adultas se sitúa entre un mínimo de 300 y un máximo de 2.500 francos.
Además del seguro básico, los asegurados tienen la posibilidad de contratar seguros complementarios opcionales.
El sistema sanitario austríaco es mayoritariamente público, con la posibilidad de asistencia privada.
Quien está afiliado a la seguridad social, tiene derecho a la asistencia sanitaria, aunque esto no siempre significa que el tratamiento o los medicamentos sean gratuitos.
En ambos sistemas, considerados los más eficaces del mundo, hoy se discute el financiamiento en virtud del incremento exponencial de los costos en medicina.
Dualidad uruguaya
Hasta en la vecina Uruguay, con un sistema de atención de la salud dual: el subsistema público, que incluye a varias instituciones de las cuales la más importante es el Ministerio de Salud Pública (MSP); y el subsistema privado, que incluye la seguridad social - cuya institución más importante es el Banco de Previsión Social (BPS)- y otros servicios de medicina prepaga con y sin fines de lucro.
La demanda de atención de salud de los trabajadores activos del sector privado está prevista a través del Banco de Previsión Social (BPS), mediante la afiliación compulsiva a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), organizaciones privadas de medicina prepaga sin fines de lucro.
Para obtener la atención requerida, el afiliado de las IAMC debe pagar aportes denominados "Tiques de Copago" de costo variable según el tipo de atención (programada o urgente) y el consumo de técnicas de diagnóstico, de tratamiento y de medicamentos. Existen además seguros parciales que se pagan individualmente.
El sistema de salud argentino, en cambio, constituye “un gran agujero negro, donde se pierden o quedan en el camino cantidades obscenas de recursos que deberían afectarse a prestaciones médicas”, se quejan los prestadores.
“Pero la Argentina tiene una singularidad especial en su sistema de salud: la delegación sin ningún tipo de control efectivo de la salud en las obras sociales sindicales”, indica Ibarguren.
“No hay antecedentes en ningún otro lugar del mundo de semejante entrega de recursos a organizaciones que no son controladas y administran fondos de interés público, además de recibir permanentemente subsidios discrecionales repetidos durante todos los gobiernos”, se queja.
Apunta, en definitiva, a “las empresas de medicina prepaga, con posiciones dominantes que someten a pacientes y prestadores a condiciones en algunos casos leoninas, y un sistema público destruido, más allá del enorme esfuerzo de los recursos humanos, de los médicos", resume el cuadro de situación del sistema de salud argentino.