Dos hijos de un juez federal de la provincia de Mendoza fueron imputados por el delito de lavado de activos y fueron citados a declaración indagatoria. Se trata de Nahuel Agustín y Luciano Ezequiel Bento, hijos del juez federal de Mendoza Walter Bento, quien está procesado por liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de conceder beneficios judiciales.

La decisión de citarlos, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, fue del juez federal subrogante Leopoldo Rago Gallo quien hizo lugar al pedido formulado por el fiscal general subrogante de Mendoza Dante Vega, en conjunto con Mario Alberto Villar y María Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Ambos fueron citados para declarar el próximo 30 de marzo acusados de ser coautores junto a su padre y su madre, Marta Isabel Boiza, del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Además, la fiscalía solicitó la prohibición de salida del país de los dos acusados, y la retención de sus documentos de viaje. El 26 de julio pasado, el juez Bento fue procesado por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor por diez hechos en concurso ideal con el delito de prevaricato, también en calidad de autor.

Al mismo tiempo, se resolvió también su procesamiento y el de su pareja, por enriquecimiento ilícito en concurso real con lavado de activos de origen delictivo, en calidad de coautores. Los delitos de carácter económico están centrados en el análisis del patrimonio familiar a partir del año 2010, cuando comenzó a evolucionar de manera ostensible, con un incremento de operaciones vinculadas a la compra de inmuebles, automotores, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y realización de una gran cantidad de viajes al exterior.

Según se informó, el análisis global de la prueba valorada surgen elementos indicadores de la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo, ya que el patrimonio de los procesados y de su grupo familiar no es compatible con el que legítimamente podrían disponer.

De acuerdo con la imputación, Bento y su pareja habrían incorporado bienes al patrimonio mediante la realización de actos jurídicos concretos (compras, ventas, donaciones, participación en fideicomisos, administración) con un grado de simulación suficiente para aparentar su legalidad, con la finalidad de diversificar y distribuir los activos entre sus tres hijos, a cuyo nombre han sido inscriptos la mayor parte de los bienes adquiridos, para lograr su desvinculación con los delitos investigados.

Según la acusación, los dos hijos imputados, habrían participado activamente de la puesta en circulación de fondos de procedencia ilícita al adquirir bienes muebles e inmuebles, como también realizar inversiones y numerosos viajes al exterior.

Todas estas maniobras tenían además la finalidad de darle apariencia lícita al dinero con origen delictivo mediante su incorporación al sistema económico formal.

El fiscal Vega y los cotitulares de la PROCELAC remarcaron que el juez Bento está acusado de liderar una organización que tenía como principal objeto beneficiar ilícitamente a personas imputadas por graves delitos federales en procesos penales sustanciados en el juzgado a su cargo, para lograr la obtención de la libertad o la desvinculación de la causa, en principio a cambio de la entrega de sumas de dinero.

De esto se desprende también la inferencia de un supuesto delito de lavado de activos con la finalidad de canalizar el dinero en el mercado formal para darle así apariencia lícita.

Para la fiscalía, estas ganancias ilícitas se tradujeron en un incremento patrimonial ilícito; y en relación a las inversiones realizadas en fideicomisos, la fiscalía señaló que si bien el juez Bento y Boiza a la fecha no detentan derecho alguno sobre esos contratos comerciales ya que se encuentran a nombre de sus hijos, los fondos utilizados para su adquisición provienen en parte del patrimonio de la sociedad conyugal en el que se confunden los ingresos lícitos (sueldos del Poder Judicial) y fondos de origen ilícito (cobro de coimas para obtener una resolución determinada de parte del juez federal).