La jueza Carolina Cáceres Moreno decidió que el arzobispo Cargnello y otros líderes religiosos realicen capacitación en género y tratamiento psicológico, además de mantener la prohibición de acercamiento.

La jueza encontró pruebas de violencia de género ejercida por Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval contra las monjas Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo durante más de 20 años, incluyendo violencia física, psicológica y económica.

La magistrada detalló los hechos de violencia: "la obstrucción/demora/negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica".

Las medidas incluyen tratamiento psicológico mensual durante seis meses y capacitación en género y violencia de género, con supervisión del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.

También se ordenó notificar al papa Francisco y se impusieron costas judiciales a los acusados, con revisión de conducta de los abogados implicados.

La causa por violencia inició en 2002. La jueza instó a las denunciantes a realizar retiros y/o ejercicios espirituales para abordar psicológicamente las consecuencias del maltrato sufrido.